El pasado 29 de junio 5 chicas se fugaron del "Centro para Menores con Trastorno de Conducta Prado de Santa María", en Hornachuelos (Córdoba), perteneciente a la Fundación Arco Iris y concertado con la Junta de Andalucía. El director del centro, Alfonso Fernández Zambrano, denunció la huida de las menores ese mismo día, sin avisar a sus respectivas familias. Después de que las menores recorrieran varios kilómetros a pie, se encontraron con la madre de otra chica que ya había sido maltratada en ese mismo centro y que, afortunadamente, fue liberada de allí luego de haber denunciado la situación. Esto demuestra que no es la primera denuncia contra este centro y las terapias utilizadas por los "profesionales" del complejo. Acompañadas por la mujer, quien las reconoció por haberlas visto anteriormente junto a su hija en el centro, las 5 chicas se personaron en el cuartel de la Guardia Civil donde acusaron a los educadores de Prado de Santa María de hacerles sufrir maltrato físico y psicológico regularmente, además de ser examinadas por un médico y encontrarles varias lesiones.
La Guardia Civil dejó que se marcharan, ya que el complejo en el que estaban recluidas es un recinto en régimen “abierto” concertado con la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, de la que es responsable Micaela Navarro. Aproximadamente una semana después, cuatro de las chicas fueron devueltas al centro que ellas mismas habían denunciado por maltrato. Sólo una de ellas, Piedad, permanece en paradero desconocido y mantiene su denuncia. Una vez hubieron reingresado en el recinto, dos de ellas retiraron su denuncia, y más tarde también la retiraron las otras dos; todo de forma "voluntaria" y estrictamente acompañadas por el director, quien afirma que las contusiones se las habían hecho jugando en la piscina. Paradógicamente, el centro ha denunciado a su vez a la mujer que las acompañó por haber inducido supuestamente a las menores a autolesionarse.
PRODENI (Asociación para los Derechos del Niño y la Niña) ha denunciado lo ocurrido ante la Fiscalía del Menor. Esta asociación apuesta por el cierre definitivo de los centros de menores, considerándolos centros de reclusión, en favor del acogimiento familiar. El presidente de esta asociación, que a su vez es abogado, ha sido designado por la menor como su representante legal, para asegurar su derecho a ser escuchada y protegida. Derecho que desconocen l@s menores recluidos en este tipo de centros por no ser informados de ello.
Tanto este centro, que cuenta con varios precedentes, como otros similares ya han sido denunciados por los inspectores de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, por tener cubículos de aislamiento, aunque también hay que decir que tampoco este señor ha iniciado ningún procedimiento para su erradicación. Las menores son sometidas en estas celdas a reclusiones vejatorias de hasta más de una semana, espacios éstos donde no pueden tumbarse, solamente estar de pie o sentadas en un escalón de cemento. En ellas cuentan con una puerta de hierro y una ventana de unos 40x40 cm. con barrotes. Peor situación todavía que los módulos de aislamiento FIES en las cárceles de adultos.
Las noticias aparecidas en el día 16 de julio en la prensa sobre el caso, en las que se afirma que la menor está localizada y tras ir a visitar a su madre a la prisión de Albolote, en la se encuentra recluida, y que tras solucionar ciertos asuntos personales posiblemente ingresaría esa misma tarde de nuevo en el mismo centro en el que fue maltratada, son totalmente falsas. Lo que sí ocurrió es que la policía se presentó en la prisión de Albolote interrumpiendo un vis a vis familiar, y sin ningún tipo de orden judicial ni identificación alguna hicieron salir a sus tres hijas y a su hijo para amenazarles de que las personas que dieran cobijo a Piedad serían detenidas acusadas de secuestro.
El 18 de julio el representante legal de Piedad ha presentado un escrito ante la Fiscalía de Menores, solicitando que ésta pueda ir a declarar ante el juez que lleva el caso de la denuncia por maltrato interpuesta a los educadores del centro, pidiéndole protección para que pudiera ir libremente y no verse obligada por la policía, que aprovechando la comparecencia, la llevara de nuevo al centro. Ésta se pronunció esa misma mañana negando esta protección y asegurando que Piedad a pesar de todo debe volver al centro del que se escapó.
Por todo esto, exigimos: tanto la dimisión de la consejera por su inmoral e inaceptable actitud y gestión; que las 18 chicas que se encuentran en este centro “terapéutico” abandonen el mismo; que éste sea cerrado y sometido a investigación; que cese la persecución y las amenazas a las que, por parte de la policía, está siendo sometida tanto Piedad como su familia; que se admita su tutela por parte de su familia extensa, como la menor pide y la familia desea; así como la paralización de la puesta en marcha de los dos nuevos centros que la Fundación Arco Iris proyecta construir para el año próximo.
Red de apoyo en Granada, Córdoba, Madrid y Barcelona.
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