16 jul 2008

Balanç repressiu del mes de juny a Euskal Herria

De esos 733 presos, 569 están dispersados en 52 cárceles del Estado español a una distancia media de 635 km de Euskal Herria. En el Estado francés son 163 los dispersados en 35 cárceles a una distancia media de 791 km de su pueblo. Por otro lado, el preso Iban Apaolaza de Beasain está aislado en una prisión en Canadá.

Este ya tristemente famoso 8 de julio (German, Oihane…) se cumplen 28 años desde que detuvieron, torturaron y encarcelaron a nuestro familiar José Mari Sagardui Moja –Gatza-. El preso político de Zornotza continúa encarcelado en la prisión de Jaén.

La situación que soporta José Mari Sagardui es un ejemplo más que evidente de la cruel intención de los estados español y francés para originar el mayor sufrimiento posible a los presos políticos vascos así como a sus familiares y allegados. En estos largos 28 años, Gatza y su familia ha sufrido la lejanía, la soledad, durísimas condiciones de vida (insoportables para muchos de nosotros) así como la sangría económica y los graves accidentes que acarrea realizar miles y miles de kilómetros. Por tanto, la única razón para mantener preso a Gatza es clarísima: provocarnos más y más sufrimiento. ¿Por qué? ¿Para qué?

Podríamos redactar una interminable lista de ejemplos que demuestran la crueldad de los estados francés y español pero reflejamos unos pocos de ellos a modo ilustrativo. Jon Agirre Agiriano lleva 27 años preso a pesar de estar gravemente enfermo; Jon Bilbao Moro 26 años, y así una larga lista que hace que 44 presos políticos vascos lleven más de 20 años en prisión. Entre estos se encuentran Inés del Rió y Peio Odriozola que el pasado 2 de julio cumplieron la totalidad de las condenas impuestas. Llevan ya 21 y 20 años de prisión. Pero ni a estos ni otros como ellos les llega la excarcelación, pues, a pesar de haber cumplido íntegramente la condena impuesta, les han aplicado la sentencia 197/2006 que inventó el Tribunal Supremo español para denegar la libertad a los presos políticos vascos. De las 44 personas que decíamos antes, son 22 las que al igual que Del Río y Odriozola mantienen en prisión aun habiendo cumplido la condena íntegramente. Con la aplicación de la citada sentencia, el estado español quiere mantener en prisión durante 30 años a nuestros familiares, es decir, aplicarles la cadena perpetua de facto.

Por otro lado, 170 de nuestros familiares deberían estar en libertad condicional por haber cumplido el plazo para ello, pero esto también se les niega sistemáticamente. De estos 170, 140 están en el Estado español y 30 en el francés.

Tampoco excarcelan a los presos con enfermedades graves y/o incurables aunque sus propias leyes así lo indiquen. Mantienen en prisión a familiares con cáncer, grave riesgo de ataque de miocardio, colitis ulcerosa, esclerosis mesial, enfermedades cerebro-vasculares, crisis delirantes, ataques epilépticos, trastornos obsesivos, compulsivos y esquizofrénicos, cuadros depresivos alarmantes, etc. Algunas de estas dolencias citadas, las ha provocado la propia cárcel y en muchos casos ha degenerado la propia enfermedad porque la desasistencia médica, amenazas y malos tratos en los traslados, impedimentos y prohibiciones para los tratamientos exigibles, mala alimentación, stress, suciedad, etc. son el pan de cada día en la vida carcelaria.

Los abogados del preso Mikel Ibáñez enfermo de cáncer en situación grave, solicitaron su puesta en libertad el pasado 12 de junio y la respuesta del juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón fue imponerle custodia policial las 24 horas. Fue trasladado del hospital Gregorio Marañon de Madrid al Hospital Donostia el 16 de junio pero para ello tuvo que asumir las posibles consecuencias del traslado bajo su responsabilidad. Dado su delicado estado de salud, los médicos de aquel hospital no se responsabilizaban del traslado pero para Mikel era más importante poder sentirse en su pueblo y cerca de los suyos que las consecuencias que pudiera acarrear. A día de hoy sigue ingresado en el citado Hospital de Donosita bajo vigilancia policial.

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