La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) ha contabilizado en su informe anual relativo a 2009 un total de 105 denuncias de tortura en Euskal Herria, de las que 45 fueron tras sufrir una detención incomunicada.
DONOSTIA-. Representantes de Behatokia, Salhaketa, Eskubideak y TAT, organismos integrantes de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), han presentado hoy en Donostia el informe sobre la situación de la tortura en Euskal Herria, en el que han recopilado un total de 29 casos de torturas, que afectan a 105 personas.
De las 105 personas que denunciaron malos tratos y/o torturas, 45 lo hicieron tras permanecer en régimen de incomunicación (un 43%), lo que para esta plataforma “confirma la necesidad de acabar con la incomunicación como fórmula para prevenir la tortura”.
Por territorios, Bizkaia registro la mayoría de casos, un total de nueve, que afectan a 54 personas. En Gipuzkoa 25 personas presentaron denuncias, en Araba quince y en Nafarroa once personas.
En cuanto al cuerpo policial objeto de las denuncias, 43 personas señalaron haber sido torturadas o maltratadas por la Policía española, 37 por la Ertzaintza, 19 por la Guardia Civil, una por la Policía Foral de Nafarroa y otras dos por policías locales. En dos ocasiones las denuncias apuntan a funcionarios de prisiones y en una a personal de centros de menores.
El informe no recoge todas las denuncias
Iratxe Urizar (Behatokia), Carlos Hernández (Salhaketa) y Joseba Belaustegi (Eskubideak) han explicado que en el informe no se han tenido en cuenta todos los casos denunciados de torturas y malos tratos de los que la coordinadora tuvo conocimiento en 2009, ya que algunos han sido excluidos por petición expresa de las víctimas del maltrato y otros porque la información recibida era insuficiente o no estaba suficientemente contrastada.
Además, han resaltado que muchos casos de torturas o agresiones por parte de funcionarios policiales o de prisiones no se denuncian ni ante los tribunales ni ante ninguna otra instancia.
LA CPDT ha confirmado, de hecho, que continúa la tendencia observada en 2008 de no denunciar las agresiones padecidas por parte de las personas que participaban en movilizaciones sociales, por temor a verse envueltos en contradenuncias por parte de los agentes policiales y por la desconfianza en los órganos encargados de investigar las agresiones.
Por ello, han insistido en que el informe no recoge la totalidad de denuncias por torturas y/o malos tratos.
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