El departamento de Alfredo Pérez Rubalcaba no ha querido aclararlo, pero la Guardia Civil, según han asegurado a El Confidencial fuentes del instituto armado, ha ordenado la compra de 100.000 bolas de caucho para "disolver masas agresivas" con destino a sus Grupos de Reserva y Seguridad, tal y como se recoge en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.
La Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, cuyo máximo responsable es Francisco Javier Velázquez, ha convocado un concurso público para el suministro de 100.000 "bolas de caucho antidisturbios" a la Guardia Civil, que serán utilizadas en la Comunidad de Madrid "para la disolución de masas agresivas como paso inmediatamente anterior a la carga policial".
Interior ha presupuestado un coste de 0,99 euros por cada pelota de goma, por lo que el precio del lote completo ascenderá a casi 100.000 euros, que serán abonados en dos anualidades.
La empresa adjudicataria deberá cumplir un extenso catálogo de prescripciones técnicas -elaborado por el Servicio de Armamento de la Guardia Civil-, que incluyen el diámetro de las bolas (54,60 milímetros), su peso (90 gramos) o el llamado control de rebote: para comprobar si una bola es idónea para las unidades antidisturbios, debe rebotar más de 60 centímetros cuando se la deja caer desde una altura de un metro.
Las bolas son lanzadas por un fusil al que se le agrega una bocacha especial, pero todas las Fuerzas de Seguridad del Estado -incluidas las policías autonómicas- se rigen por la misma norma: ningún agente puede disparar su arma a menos de 30 metros de su objetivo, y siempre a las extremedidades inferiores.
La razón es que, aunque la velocidad que adquieren las pelotas de goma es muy inferior a la de las balas, su impacto puede resultar letal si se lanzan desde una distancia inferior a la reglamentaria. De hecho, una técnica muy habitual consiste en disparar al suelo para que el rebote amortigüe el impacto de la bola.
Impacto mortal
De no actuar así, podrían producirse hechos tan graves como los ocurridos en San Sebastián el 22 de junio de 1995, cuando Rosa Zarra, una madre de seis hijos que se encontraba en las inmediaciones del estadio de Anoeta durante una manifestación convocada por Herri Batasuna, recibió el impacto mortal de una pelota de goma en el abdomen. La bola, que fue lanzada por un agente de la Ertzaintza desde menos de 10 metros de distancia, reventó el intestino grueso de Zarra, que falleció varios días más tarde.
En 2003, también en San Sebastián, José Ramón Antolín, su mujer y su hijo paseaban por el casco viejo de la capital donostiarra cuando se vieron envueltos en una algarada callejera entre un grupo de radicales encapuchados y una unidad antidisturbios de la Ertzaintza. Antolín perdió un ojo al recibir el impacto directo de una pelota de goma, y su esposa sufrió lesiones en la cabeza al ser golpeada por otro proyectil de caucho.
Diversos estudios médicos han alertado del grave riesgo que supone el empleo de pelotas de goma para controlar multitudes o sofocar disturbios callejeros, sobre todo cuando son disparadas a distancias inferiores a las reglamentarias o sobre zonas sensibles del cuerpo. En esas circunstancias, el impacto de una bola de caucho puede dejar severas secuelas, como pérdida de la visión, hemorragias internas o lesiones cervicales.
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