Las “redadas raciales” son prácticas a las que han recurrido todos los cuerpos policiales desde al menos una década. Pero desde marzo se han generalizado e incrementado hasta convertirse en diarias, según denuncian diversas organizaciones. Las ‘batidas’ policiales se repiten por todo el país, en las ciudades y en los pueblos. En Valencia, Barcelona, Vilafranca del Penedès, Marbella, Málaga, Murcia, o en Torre Pacheco (donde también hubo una concentración de protesta el 6 de julio).
Unas redadas que, según denuncian testigos, suelen ir acompañadas de insultos, violencia y agresiones. Estas ‘razzias’ serían el reflejo de la opción de la mano dura tomada por el Gobierno español. Para SOS Racismo, hay un giro descarado hacia planteamientos más conservadores en la materia. Según el diario La Vanguardia, una encuesta postelectoral encargada por el PSOE acredita que lo que “más daño” le hizo en las últimas elecciones fue el discurso del PP en materia de inmigración. Esto y la previsión de que ante una coyuntura de crisis económica la afluencia de inmigrantes pueda provocar tensiones sociales, habría llevado a un endurecimiento de sus políticas. Según una reciente encuesta, el 40% de los españoles es favorable a “tratar la inmigración ‘irregular’ como un delito”.
Para Nico, de la secretaría de inmigración de la CGT Andalucía, es evidente que el Ministerio de Interior ha dado órdenes para que se extiendan las redadas. “Se trata de solventar con estas medidas represivas uno de los ‘puntos flojos’ del PSOE ante la opinión pública”. Y concluye : “Se presenta un periodo difícil para los inmigrantes, hay que aumentar la coordinación y denuncia contra una situación cada vez más insostenible”.
Spitou, del sindicato SOC-SAT Almería, valora que las redadas “vienen a reforzar el nuevo discurso de Corbacho, ministro de Trabajo e Inmigración, de que los indocumentados tienen que abandonar el territorio por voluntad propia o por voluntad ajena (a la fuerza)”. El sindicalista se sorprende : “Es el imperio de las contradicciones. Si hay zonas con muchos inmigrantes, es porque lo han querido los empresarios y los políticos. Muchos ‘sin papeles’ han pasado por Canarias y con orden de expulsión los han transferido a la península”. Y remacha “obvian que trabajamos, pagamos impuestos y vivimos de nuestro sudor. Exigiremos respeto para una convivencia sana”.
Por su parte Wilfredo, de la Coordinadora de Inmigrantes de Madrid explica : “Estamos muy preocupados. Una vez entre en funcionamiento la ‘Directiva de la Vergüenza’, esto se pondrá aún más candente. Puede que estén preparando las condiciones represivas para que dicha Directiva pase más desapercibida”, concluye. Esteban, de la red estatal de organizaciones de inmigrantes (FERINE), resume : “El Gobierno endurece su política para enmascarar la crisis económica buscando un ‘responsable’ sobre quien descargar sus efectos : los trabajadores inmigrantes”.
“GANARSE UNA MEDALLA” DETENIENDO EXTRANJEROS
R. SÁNCHEZ (MADRID) La UFP (Unión Federal de Policía), tercer sindicato policial por afiliación, denuncia que la comisaría del distrito madrileño de Ciudad Lineal ha detenido, rozando la ilegalidad, a decenas de inmigrantes durante este año. Alfredo Perdiguero, secretario general del sindicato en Madrid, acusa a los agentes de esta comisaría de arrestar indiscriminadamente a extranjeros por estancia irregular. “Lo normal es hacer un procedimiento ordinario, que no conlleva detención, pero este procedimiento no cuenta para la estadística, y los hacen por procedimiento preferente de expulsión, siendo todos los extranjeros detenidos”. Según Perdiguero, los policías acuden normalmente “a la puerta del metro de Quintana y a la embajada de Bolivia (en cuyos alrededores siempre hay extranjeros que van a realizar trámites para pedir la residencia), comandados por una subinspectora de confianza del comisario a la cual ha propuesto para la medalla del mérito policial”. Según la UFP esta práctica responde al afán del comisario por “incrementar su estadística”. Durante la primera mitad de 2008, la comisaría de Ciudad Lineal ha detenido a más de 600 extranjeros (por indocumentados), una cifra superior al resto de detenidos durante el mismo tiempo por delitos penales. “¿No es ya el colmo que personas que no han cometido ningún delito sino una falta administrativa sean literalmente perseguidas y destrozarles así su proyecto vital, la mayoría de las veces a trabajadores precarios ?”, se pregunta el sindicato en un comunicado donde se rechaza “el maltrato físico o psicológico” que los extranjeros puedan recibir en las detenciones. La denuncia de la UFP ha sido reconocida por el Gabinete Jurídico de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación, que admite irregularidades en las detenciones de ciudadanos extranjeros en dicha comisaría.
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