LOS RINCONES DE LA MEMORIA
Antonio Martín, en un documental producido en 1996 para la cadena cultural francoalemana Arte, relataba cómo fue él quien colocó la bomba que estalló en la Dirección General de Seguridad (DGS) en Madrid el 29 de julio de 1963, por la que fueron condenados a muerte y ejecutados tan sólo 17 días después Francisco Granado y Joaquín Delgado. Era una ‘primicia’ que daba publicidad a uno de los casos más oscuros de la represión franquista, y del que hasta entonces prácticamente sólo se tenía conocimiento en círculos del exilio libertario en Francia.
Siete años después, el 6 de diciembre de 2003, día de la Constitución española, en la madrileña Puerta del Sol, a pocos metros de donde había estado funcionando la DGS, “símbolo de la tortura franquista”, el propio Antonio, micrófono en mano, volvía a reclamarse como autor, junto a Sergio Hernández, del atentado por el que habían sido ejecutados Granado y Delgado. El acto se producía en el contexto de las movilizaciones por la revisión del caso, que desde hacía unos años realizaban familiares, grupos libertarios, el sindicato CGT, y compañeros y amigos de los dos inocentes ajusticiados.
La casualidad les había jugado una mala pasada. Granado estaba en Madrid, con una maleta cargada de explosivos, para tratar de atentar contra Franco, misión imposible porque el dictador no se encontraba en la ciudad. Delgado acudió a la capital con la orden de regresar a Francia y ayudarle en la retirada, pero no tuvieron tiempo. No tenían conocimiento de la existencia de otro grupo de activistas en la ciudad, compuesto por Antonio Martín y Sergio Hernández, que planificaban atentados para desestabilizar el régimen franquista, entre otros el de la DGS. Una desgraciada coincidencia.
Cuando los primeros fueron detenidos, tras la explosión en la DGS, los segundos ya estaban de regreso en Francia, para reincorporarse a su cotidianeidad de trabajadores emigrantes.
Memoria con justicia
En 1998 Pilar Vaquerizo, viuda de Francisco Granado, inició una demanda para la reparación moral, social y económica del caso. Solicitó una indemnización que se otorga a cuantos pasaron por prisión durante el Franquismo, pero resultó que Francisco Granado “no había cumplido el tiempo mínimo de prisión exigido por la normativa”, al haber transcurrido 17 días desde su detención hasta su ejecución. Se solicitó también un recurso de revisión del Consejo de Guerra que los condenó a muerte. El 13 de diciembre de 2006, el Tribunal Supremo denegó a los familiares la autorización para interponer recurso de la revisión de la sentencia, al no “llegar a evidenciar el error de la sentencia cuya revisión se pretende o la inocencia de los condenados en la misma”. Y esto a pesar de los testimonios presentados por Antonio Martín y Sergio Hernández, y por las evidencias manifestadas por Octavio Alberola, responsable de los grupos de acción del movimiento libertario en el año ‘63.
Finalmente Pilar Vaquerizo ha recibido una indemnización, que pone de manifiesto una más de las lagunas de ley de memoria histórica. En su caso, como en el de todos aquellos que fueron ejecutados antes de 1968, la cantidad es de 9.616,18 euros, mientras que los que fueron eliminados con posterioridad recibirán una indemnización de 135.000 euros. A pesar de todo, es un pequeño paso en la lucha por reclamar la justicia sobre un caso que demuestra tanto la crueldad de la represión fascista como los vacíos consentidos de administraciones y partidos, más preocupados por honrarse a ellos mismos que por recuperar, junto con la memoria, la verdad y la dignidad de los luchadores por la libertad.
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