Ayer a la mañana se celebró el primero de los juicios pendientes contra la iniciativa Iruñerria Piztera Goaz, con anterioridad se celebró una concentración en los aledaños del palacio de justicia ante una numerosa presencia de la policía foral que identificó a todas las personas participantes de la misma, mas de medio centenar. Aun cuando la concentración estaba autorizada por la delegación del gobierno.
Hacia las doce del mediodía comenzó la vista oral del juicio con peticiones fiscales de 4 años a una personas y 28 meses a otras dos por subirse a una grúa y desplegar una pancarta.
El inicio del juicio comenzó con polémica ante la imposibilidad de tomar imágenes dentro de la propia sal aun cuando el juicio era de carácter público. Después de un larga vista oral donde estaban presentes en el público además de jóvenes arropando a los encausados, el jefe de la policía municipal y otros miembros de este cuerpo policial destacados todo ellos por su ataque al movimiento popular. Las acusaciones han sido desmontadas una tras otra, bien por la falta de los testigos coaccionados, palabras textuales del juez, o porque no eran creíbles los hechos imputados. Esto llegado a tal extremo que el juez decretó la absolución de los 3 activistas encausados al final de la vista.
Con esta sentencia ha quedado demostrado que aunque por parte de los poderes públicos actuales se pretenden criminalizar actos de desobediencia civil públicos y pacíficos, convirtiéndolos en delitos con fuertes peticiones de cárcel, la realidad es que estos actos no son mas que acciones de denuncia social ante un sistema de pensamiento de único.
Una sociedad viva es aquella que se enriquece con las discrepancias de su gente, reflexiona sobre las alternativas que se proponen y, en consecuencia, avanza. Una sociedad que reprime toda disidencia está incapacitada para evolucionar. El Ayuntamiento de Pamplona es un claro ejemplo. Los 58 años de cárcel que nos piden, los más de 85 procesados y los más de 60.000 euros de chantaje económico son tres buenas evidencias de sus métodos para atajar cualquier disidencia.
8.01.2009
Hoy comienza el juicio contra los tres okupas que protestaron encima de una grúa
Hoy la Audiencia Provincial de Iruñea juzgara la protesta de tres activistas que subieron a una grua para desplegar una pancarta por la okupación. Piden penas de cárcel.
Aunque esta sentencia es una buena noticia para el movimiento popular, queremos recordar que todavía quedan varios juicios pendiente con una suma total de mas de 50 años de cárcel y mas de 60.000 euros en multas.
Hoy a las 11 horas se celebrará el primero de los juicios de una larga lista que suman unas peticiones totales de 58 años de prisión contra la iniciativa Iruñerria Piztera Goaz. En concreto, son tres las personas que van a ser juzgadas por subirse a una grua y colocar una pancarta de apoyo a los gaztetxes en el solar del antiguo gaztetxe Euskal Jai. Para ellos solicitan elevadas penas de cárcel, entre 4 años y 28 meses.
Desde IPG denuncian la gravedad de que se lleve a juicio a una serie de personas por "realizar un acto de protesta público y pacífico", y todavía consideran más grave las peticiones del ministerio fiscal y las acusaciones particulares.
"Un hecho como el de colocar una pancarta lo han convertido en delitos tan graves como desobediencia a los agentes o coacciones, aun cuando las imágenes de video demuestran la imposibilidad de cometer estos delitos puesto que nuestros compañeros se encontraban encadenados a la estructura de la grua", señalan desde IPG. Según esta iniciativa "la única prueba que mantiene en pie estas peticiones es la declaración de los agentes policiales que intervinieron en los hechos", por lo que consideran que con estas desórbitadas peticiones fiscales "abren un nuevo escenario político y represivo tanto para el conjunto de movimientos sociales como para cualquier grupo social que proteste por cualquier cosa. Encarcelar a alguien por actos de desobediencia pacífica, utilizar la sanción y la coacción para resolver conflictos y demandas sociales es un camino muy peligroso. Este hecho debe abrir un proceso de reflexión y debate por parte de la sociedad", sentencian.
"Es hora de convertir ese hartazgo en algo visible, de responder ante los desmanes de una alcaldia alejada de sus vecinas y sus reivindicaciones. Criminalizar las reivindicaciones sociales, poner obstaculos a la cultura popular o impedir el desarrollo de gaztetxes es una demostración de intolerancia hacia los que no pensamos ni actuamos bajo sus dictados"
También para hoy se ha convocado ante la puerta de la Audiencia Provincial una concentración a partir de las 11 de la mañana, coincidiendo con el juicio.
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