Sobre las diez de la mañana, se procedió al desahucio. Ibrahim, que estaba solo en la casa, tuvo que abandonarla con lo puesto. Las autoridades judiciales y policiales abandonaron a esa hora la zona ante el abucheo de medio centenar de personas, y de integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Al desahuciado no se le permitió la presencia de su abogado de oficio, hecho por el que se ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Guardia.
Poco después, decenas de personas se dirigieron hacia la sucursal de Bancaja, promotora del desahucio, en la avenida de Madrid de Molina de Segura. Ante la entidad, durante al menos media hora los manifestantes profirieron gritos contra Bancaja, la banca y el Delegado del Gobierno, al que acusaron de “cómplice del robo de los bancos y cajas a la ciudanía”.
Aunque la caja estaba también blindada por una treintena de antidisturbios, los manifestantes cruzaron la calle y ocuparon la CAM, ante el estupor y el desconcierto de la policía. Posteriormente, se dirigieron al paseo Rosales. La policía se encontraba protegiendo el Banco de Valencia, que creían era el objetivo de la plataforma, pero los integrantes del colectivo ocuparon, otra vez por sorpresa, Caja Madrid.
Finalmente, también se ocupó durante 20 minutos la sucursal del Banco Santander, en la misma calle. Fue el momento en que uno de los mandos de la policía nacional mostró su malestar al portavoz de la Plataforma, José Coy, pidiendo que cesaran en su actividad reivindicativa.
Entre las personas que apoyaron las protestas de esta mañana se encontraba el candidato de IU, Antonio López Vidal, el sacerdote Joaquín Sánchez, Francisco Morote, del Foro Social, y José Luis Burgos, uno de los líderes nacionales del movimiento de afectados por las hipotecas.
En declaraciones a VMPress, Ibrahim, el desahuciado de esta mañana, una más de las ocho mil familias murcianas que se quedarán en la calle en 2011, denunciaba que “me quedo sin nada y además debiendo 40.000 euros a Bancaja. Tendré que dormir en el coche, si no encuentro nada”.
Este cliente de Bancaja denunció prácticas ilegales de los empleados: “Para darme la hipoteca pusieron en la cartilla que tenía 10.000 euros. Le han puesto a mucha gente sueldos que no tiene y han falsificado para vender dinero”. También se quejó que no le habían permitido entrar a su abogado, y que la Comisión Judicial se lo impidió. “Tienes 25 minutos para sacar lo que puedas”, es lo único que le dijeron. El abogado confirmó este extremo y anunció un recurso de nulidad.
Ibrahim trabajaba en la construcción pero se quedó en paro en 2008.
Por su parte, Francisco Morote, representante del Foro Social Ciudadano, dijo que “esta mañana se han vulnerado varios derechos fundamentales por parte del Delegado del Gobierno. El primero es que la policía ha impedido el libre derecho de circulación de las personas. La policía ha bloqueado la calle y no dejaba la entrada y salida de ciudadanos. Además ha impedido que un abogado asistiera a Ibrahim en un acto judicial. Y estas dos acciones las han llevado a cabo funcionarios judiciales, por una parte, que tienen la obligación de respetar la justicia, y la policía que además se ha negado a identificarse ante nosotros”.
Añadió que “es absolutamente inaceptable que quien tiene la obligación de defender esos derechos los está conculcando. Por lo que pedimos la dimisión del Delegado del Gobierno en la Región de Murcia”.
Asimismo señaló que “seguiremos con nuestra respuesta pacífica. Aunque la Delegación del Gobierno intente acallar el movimiento. La opinión está contra los bancos, porque son los culpables de la crisis. Y además no se le exige su responsabilidad sino que se le pone dinero público en cientos de millones para que paguen a sus accionistas. Por ello, Tovar defiende a esos bancos, pero tenga claro que este movimiento no hay quien lo pare. Tendrán que violar las leyes, como han hecho hoy”, advirtió.
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