Los presos del centro de Picassent llegan a dormir en el suelo. Interior debe construir antes de 2012 una prisión en Siete Aguas y una instalación para reclusos de tercer grado en la provincia.
LAS PROVINCIAS (A. RALLO).- Existe una máxima que no falla. Si crece la población de un país, también lo hace el número de presos. Es una proporción que se cumple en las sociedades modernas.
La cárcel de Picassent no escapa a esta ecuación. Diez internos del Centro de Inserción Social están durmiendo desde hace algunos días sobre el suelo en colchonetas.
Los Centros de Inserción Social (CIS) están destinados a presos en tercer grado. Esta medida se concede en la última parte de la condena. Los reclusos sólo tienen la obligación de acudir a las instalaciones para pernoctar.
Unas instalaciones de 350 plazas albergan a 550 presos. Así lo ha denunciado el sindicato UGT, que presentó el pasado martes un escrito ante el Ministerio del Interior pidiendo la dimisión de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo.
Según UGT, se han habilitado salas de reuniones y otras dependencias como dormitorios, «pero en estos momentos la situación ha sobrepasado los límites». Sólo en la planta alta, 140 presos comparten dos baños.
El director del Centro, Santiago Leganés, manifestó ayer en declaraciones a Europa Press que los internos durmieron en colchonetas instaladas en el suelo «puntualmente» y anunció que se construirá un nuevo centro en Valencia y se reformará y ampliará el ya existente para cubrir «la carencia de plazas».
Al respecto, Leganés declaró que en el último mes se registraron «muchos ingresos de internos en régimen abierto, más de lo habitual», por lo que se vieron «desbordados». Sin embargo, afirmó que se trata de un hecho «puntual», que «ya está solucionado».
Instituciones Penitenciarias es consciente de esta situación. Entre sus planes figura un nuevo centro en las proximidades de Valencia. «Lo ideal sería mantener las dos instalaciones», apuntan fuentes que conocen el problema. Pero también admiten que eso no se podrá hacer realidad. Junto a estas nuevas dependencias se ubicará una unidad de madres. Las últimas estadísticas eran de 23 presas con hijos en Picassent.
A estas cifras hay que añadir otra que permanece en muchas ocasiones olvidada. El último dato cifraba en 2.000 personas, los presos con vínculos en la Comunitat que cumplían condena en cárceles de otras provincias de España.
MASIFICACIÓN
En la Comunitat, 6.697 presos colapsan las cinco cárceles, una cantidad a la que hay que sumar otro millar que se encuentran cumpliendo el tercer grado. El director de Picassent, Ramón Cánovas, comentaba en una entrevista con LAS PROVINCIAS «que el problema de las cárceles consiste en que si se construyen, se llenan».
Prácticamente el número de presos dobla el número de celdas en muchos centros. Porque la norma -hoy no deja de ser una utopía- es la de un recluso por celda.
La cárcel de Picassent es la joya de la corona de Instituciones Penitenciarias. La prisión más grande de España. Se puso en marcha en 1993, pero hace años que el centro se quedó pequeño.
Actualmente, en el centro 2.363 presos cumplen condena pese a sus 1.326 celdas sin contar las complementarias (ingresos, enfermería o aislamiento). Pese a que desde la apertura de Albocàsser se han trasladado casi a medio millar de internos, la masificación en Valencia no se reduce. «Lo de un preso por celda no se cumple en ningún sitio», coinciden CSI.F y Acaip. Lo que debería ser algo excepcional, según el reglamento de Prisiones, ha pasado a ser lo habitual. La provincia de Alicante no presenta mejores estadísticas, según los datos facilitados por Instituciones Penitenciarias, que incluye el recuento hasta el 10 de julio.
La prisión de Fontcalent de Alicante aglutina a 854 presos cuando, en realidad, es una cárcel concebida para sólo 450 plazas, según los sindicatos. La de Villena, inaugurada por Mariano Rajoy en su etapa al frente del Ministerio del Interior, reúne a 1.327 internos cuando sus celdas -sin contar las complementarias- suman 723.
En Castellón, el panorama penitenciario no muestra apenas diferencia. La única, que el centro de Albocàsser no lleva todavía un año de funcionamiento y, por tanto, no está desbordado. La prisión cuenta con algo más de 1.000 celdas. Y los presos suman ya 1.450. No obstante, es la cárcel más moderna y la que menos saturación concentra. Pero los sindicatos han denunciado ya problemas de seguridad por la escasez de funcionarios.
El otro centro, el conocido como Castellón I, fue diseñado para unos 400 internos. Actualmente, la cifra supera los 703, a los que hay que sumar otro centenar de internos en régimen abierto, es decir, que han llegado al tercer grado.
El aumento de presos no se detiene, pero las infraestructuras no pueden crecer al mismo ritmo. Y menos si se trata de una cárcel. ¿Quién quiere una prisión en su municipio? ¿Qué alcalde se muestra partidario de una penitenciaría en su localidad? La realidad es que pocos, por no decir ninguno. O al menos no lo hacen público.
El Gobierno, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS, construirá una cárcel en Siete Aguas para unos 1.200 presos. El plazo previsto es terminarla en 2012. Instituciones Penitenciarias confirmó que ya se ha convocado el movimiento de tierras en la zona. Las obras, en el mejor de los casos, comenzarían antes de final de año. Si se cumple el plazo previsto, en el primer trimestre de 2009. Un centro de estas características tarda en construirse unos 26 meses.
Aparte de estos problemas, hay que destacar la inversión que supone para el Estado las nuevas cárceles. Y los recursos no son ilimitados. Un preso en la cárcel cuesta mucho dinero.
La reforma del Código Penal también tiene su parte de ’culpa’ en la masificación más reciente de las prisiones. El castigo de determinados comportamientos como delito en vez de falta ha llevado a a las cárceles a ’nuevos’ delincuentes. Ahí está el preso por violencia de género o por delitos contra la seguridad del tráfico, por citar dos ejemplos. Desde el CSI.F inciden precisamente en este punto: «Cuando el legislador decide hacer esto, ¿por qué no piensa dónde se va a meter a toda esta gente?», lamentan.
La cifra de condenados es mucho mayor de los 6.697 presos. Realmente, si se cuentan todos los centros penitenciarios -no sólo las grandes cárceles- los internos ascienden a 7.949.
Este millar más de personas se reparten entre el CIS de Valencia, el de Alicante, el régimen abierto de Castellón, y el psiquiátrico de Alicante, donde ingresan todas las personas que padecen una enfermedad psiquiátrica, incapaces de distinguir el bien del mal y, por tanto, imposible de que se les condene por un delito.
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