Cuando la militante anarquista de Getafe Tamara H. es asaltada en su domicilio el pasado día 15 de diciembre y posteriormente encarcelada en Catalunya, el Estado confirma que reservaba su último golpe represivo para los anarquistas, especialmente al movimiento de solidaridad con las personas presas. Un regalo de navidad a la altura del momento, si revisamos el listado represivo del año que acaba.
Qué poco práctico parece entonces ponerse a repasar la minucias que envuelven el caso en concreto, si de lo que estamos hablando es de un ataque estatal premeditado, dirigido por las cúpulas policiales, judiciales y políticas de un gobierno más que acostumbrado a la estrategia de tolerancia cero con la disidencia política. De poco servirá intentar buscar respuestas y coincidencias, pues todo esta está ya hilado con anterioridad y desde el primero hasta el cuarto poder harán su papel encomendado, en una función donde la inocencia o la culpabilidad no reside únicamente en los hechos perseguidos, si no en el contenido de la lucha que los envuelven. Todos los solidarios con las personas presas son culpables de antemano, como Tamara.
El caso de Amadeu Casellas ha reactivado, aunque con escasa intensidad, esta solidaridad y protesta sobre los atropellos que se cometen en las prisiones españolas. El hambre del preso anarquista ha movilizado a personas y colectivos que escapan fuera de la habitual marginalidad que soporta la lucha contra las prisiones, y posiblemente haya sido este empuje lo que haya activado las alarmas que un día callaron en los despachos de Interior tras pasados golpes represivos. Esos que como el de hoy siguen teniendo como objetivos el miedo y la inseguridad entre los solidarios, la marginalización y criminalización de la lucha y el derribo de las organizaciones y colectivos que la llevan a cabo.
Se comprende esta estrategia cuando afirmamos que el Estado español puede presumir entre sus colegas vecinos de tener a las organizaciones de DD.HH más institucionales a nivel mundial tras sus pasos, exigiéndole el cumplimiento de estos derechos en los detenidos, juzgados o encarcelados, dadas las innegables y continuas violaciones. Y aunque algunos tengan las orejas muy grandes, de poco les sirven las recomendaciones o sentencias, pues hacen oídos sordos; como cuando gritan los torturados en una celda. Se deduce entonces, que el Estado tiene urgencia por acallar cualquier voz que hable de estos atropellos, más aún si el problema se plantea desde un punto de vista radical y comprometido. Y así es como Amadeu Casellas ponía en el candelero de una manera directa la crueldad del sistema penitenciario español, algo más incomodo que una burocrática recomendación del comité de DD.HH de la ONU.
No es raro este ataque a los anarquistas, pues éstos están presentes en la denuncia constante de la represión y la cárcel, y pese a mantener esta protesta en la mayoría de los casos en situaciones de desorganización y aislamiento social, es capaz en algunas ocasiones de traspasar esa barrera y visualizar la infinita crueldad con la que el sistema trata a los pobres y disidentes. Tamara paga ahora por ello, antes lo hicieron otros y en un futuro el Estado español hará pagar a quien hable de sus más oscuras vergüenzas.
Zero
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