Mislata Contrainfos

Pablo Elorduy, Redacción

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha dejado en evidencia el modelo económico basado en el ladrillo. Muchos ayuntamientos deciden cargar sobre los vecinos el importe millonario de sus deudas.

SALAMANCA. Una ola de movilizaciones recorrió a finales de 2007 la ciudad castellana para protestar por la subida de impuestos.

Carteles de “Se Vende”, persianas cerradas, flamantes carreteras que llevan a inmensas urbanizaciones en medio de la nada, folletos que muestran jardines que nunca se construirán. Eso es lo que hoy representa la explosión de la famosa burbuja. Saltan a la vista casos como los del litoral levantino o el complejo residencial de Seseña, pero por doquier crece la idea de que la crisis afecta sobremanera a las localidades que se volcaron en la llamada especulación legal. La crisis acarrea un recargo para pagar barrios residenciales sin interés urbanístico : sube el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), sube el bonobús (en varias ciudades más de un 10%) y se implantan tasas de basuras para recaudar. El informe de Transparencia Internacional publicado en junio y redactado por Manuel Villoria alerta de que “empieza a existir un cierto clima de escándalo en relación a la corrupción en el nivel local de gobierno, en especial con la vinculada al ámbito urbanístico”. Pero, a pesar de ese clima, el 71% de los alcaldes acusados de corrupción fueron reelegidos en las elecciones municipales de 2007.

En su estudio Boom urbanístico y corrupción política en España Fernando Jiménez, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Murcia, indica que gran parte de los municipios (especialmente los de menos de 50.000 habitantes) encontraron su maná en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, también conocido como Impuesto de las Plusvalías. La planificación de ayuntamientos y comunidades ha estado orientada, salvo contadas excepciones, por el interés en maximizar los ingresos derivados de los planeamientos urbanísticos.

Según explica para DIAGONAL el ex presidente del Banco Hipotecario, Julio Rodríguez López, los planes de ordenación “se han modificado sin demasiados problemas y las Comunidades Autónomas se han movido con criterios de legalidad en lugar de atender a objetivos funcionales”. Guillermo Chicote, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores, proclama que la construcción ha sido “un chollo de narices” para las comunidades.

Hambre para hoy

En 2007, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo denunciaba que los vecinos de los ayuntamientos costeros no reciben compensación por la venta del suelo : “Ésta la recibirán los promotores. Las repercusiones en el medio ambiente, en la disponibilidad de agua y en el suministro de energía, y los trastornos a largo plazo que acarreará el propio proyecto urbanístico no son, a menudo, sino consideraciones secundarias para quienes pretenden llevarse los beneficios y jamás tendrán que vivir en las urbanizaciones creadas, tengan éstas o no el campo de golf que constituye el no va más de los atractivos de márketing”. Transparencia Internacional aporta un dato significativo : si se enfrentan los ingresos y los gastos municipales ligados al sector inmobiliario se deduce que el sector aporta un 32% de ingresos mientras que el gasto, principalmente en servicios, dotaciones e infraestructuras, asciende al 36%.

Para Jiménez, “se ha ido muy lejos en el entendimiento de la autonomía municipal”. La ley del suelo de 2007 supone un intento de corregir el marco de “derecho a la especulación” propuesto de facto por la ley de 1998. Julio Rodríguez opina que no ha sido positivo que el Estado se haya mantenido tanto tiempo al margen : “Ha faltado una SALAMANCA. Una ola de movilizaciones recorrió a finales de 2007 la ciudad castellana para protestar por la subida de impuestos. visión más global de las actuaciones a adoptar, dominando el más estrecho ‘cortoplacismo’ en la toma de decisiones”.

Dos millones de casas vacías La oferta creció a un ritmo medio anual de casi 700.000 viviendas nuevas desde 2001. “Las consecuencias de dicha política son una sobreoferta de vivienda, y una expulsión de actividades productivas ya implantadas”, explica Rodríguez. El suelo residencial se consiguió recalificando terrenos destinados inicialmente a la agricultura o la industria. La reclasificación de suelo rústico en suelo urbano comportó plusvalías de hasta un 900% para los propietarios. El acceso a la vivienda no se ha facilitado con el incremento de la oferta ; al contrario, el precio ha subido más allá de lo “socialmente soportable”.

Un informe del Consejo de la Juventud señala que hoy día una persona gasta el 83,8% de su sueldo en la compra de una casa y un 60% si opta por alquilarla. Todo pese a que la banca estima que hay entre 1,5 y 2 millones de pisos en manos de promotores e ‘inversores’. La Federación Española de Municipios y Provincias planea construir 225.000 viviendas para sacarlas a concurso en régimen de protección oficial. Por otra parte, el consejero de Vivienda de la Generalitat, Francesc Baltasar, ha abierto la posibilidad de que el Gobierno catalán compre pisos en el mercado libre y los venda o alquile como viviendas de protección oficial (VPO).

Rodríguez cree que hay que evitar que se reproduzca una política monetaria permisiva con las subidas de suelo y vivienda : “La economía española requiere una dosis alta de diversificación, aspecto éste que no sé si lo van a permitir o no unos ayuntamientos tan orientados hacia el ladrillo como un cuasi monocultivo”.