PANORAMA ACTUAL.- Así lo pusieron de manifiesto durante el seminario sobre Derecho Penitenciario celebrado en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) para analizar, desde el punto de vista jurídico, el panorama actual del sistema penitenciario español, así como los criterios de denegación o concesión de los permisos penitenciarios.
El seminario, dirigido a abogados colegiados del turno de oficio, aunque abierto a todo tipo de profesionales, arrojó "interesantes" conclusiones sobre la actual situación penitenciaria española.
La profesora de Derecho Penal de la UV Vicenta Cervelló apuntó que, "a pesar de que España no tiene un alto índice de delincuencia en comparación con otros países europeos, nuestro país ocupa ya el segundo lugar de la Unión Europea, por detrás de Inglaterra, en cuanto a número de reclusos". La población de internos ha pasado de 33.000 en 1990 a 70.000 en 2008, es decir, se ha duplicado en los últimos 18 años sentenció.
Se trata de "una tendencia motivada en gran medida por el endurecimiento de las penas a partir del Código Civil de 1995 y sus reformas posteriores, por la incidencia de los juicios rápidos (en los que el ingreso en prisión se produce con mayor celeridad), por el impacto punitivo de determinados delitos hacia los cuales la sociedad está más sensibilizada actualmente, como son la violencia de género o los delitos de seguridad vial, y por la inaplicación de sanciones alternativas a la pena de prisión, cada vez más desarrolladas en otros países europeos", explicó Cervelló. Para la experta en Derecho Penal, "aunque el sistema penitenciario español es bastante garantista en cuanto a permisos y comunicaciones de los reclusos, las estancias en prisión son muy elevadas y, contrariamente a lo que pueda considerar la opinión pública, las penas se cumplen efectivamente".
Además, existen "importantes problemas" que afectan a nuestro sistema penitenciario, como "la masificación de las prisiones, los problemas de los presos extranjeros, que representan ya entre el 30% y el 35% del total de reclusos en España, y el inadecuado tratamiento y atención de un segmento de reclusos afectados por problemas de salud mental (entre el 25% y el 40% de los internos)". Así, entre otras medidas, Cervelló apuntó que, en países como Italia, las mujeres con hijos menores de 3 años se benefician de medidas alternativas a la prisión como el aplazamiento de la pena hasta que el menor cumple cierta edad, la detención domiciliaria o la suspensión, entre otras. La jurisprudencia de otros países también indica una recuperación de la figura del arresto de fin de semana, por el que el condenado cumple la sanción en su domicilio.
En el caso de las mujeres reclusas, segmento que representa el 8% del total de presos, cuatro puntos por encima de la media europea, el problema radica en la "falta de igualdad" basada en el carácter minoritario frente a los varones.
OBSERVATORIO
Sin embargo, la Unión Europea ha aprobado una recomendación para establecer modificaciones en las dependencias y en las actividades que desarrollan hombres y mujeres encaminadas a obtener una igualdad más efectiva. En otros países vecinos destaca también la iniciativa de crear un observatorio penitenciario para detectar y analizar los problemas del sistema, así como incorporar más la mediación penitenciaria como método de resolución de conflictos entre los internos.
Por su parte, el profesor César Chaves centró su discurso en el análisis de los criterios para la concesión o denegación de los permisos penitenciarios ordinarios. A este respecto, el experto en Derecho Penal indicó que estos permisos van encaminados a restablecer paulatinamente la libertad del condenado, y por ello los criterios deben ir en consonancia con el fin que se persigue, que es la reeducación y reinserción del preso sin menoscabar sus derechos.
En el caso valenciano, los reclusos tienen a su disposición el Servicio de Orientación Jurídica penitenciario y Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Valencia, cuya misión es asesorar a los internos y enseñarles a redactar escritos y peticiones oficiales, así como a presentar los recursos que sean necesarios en aras de una defensa justa y gratuita del afectado, concluyó.
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