Quieren aprobar un protocolo con el que, un juez, enviará al SAMU y la policía para medicar a personas diagnosticadas de trastornos mentales, si rechazan la medicación. La Constitución de 1978 implica que nadie puede ser obligado a tratamiento médico salvo por disposición legal. Este tipo de medida coercitiva ya fue rechazada durante su consideración en el parlamento, por lo que no hay cobertura legislativa para la misma (aunque se pretenda lo contrario utilizando algunas metàforas i semejanzas de la legislación actual) ... ante una situación de pérdida de capacidad para actuar derivada del padecimiento de enfermedad mental activa, que no puede ser tratada a nivel ambulatorio, y siendo necesario su tratamiento urgente sólo queda la posibilidad de hospitalización (art 211 del código civil de 1983) que un juez ha de autorizar (pero que es una decision médica). Es un protocolo éticamente dañino.
El protocolo no se basa en ninguna evidencia científica. El protocolo se basa en prejuicios (falsos), desafortunadamente frecuentes, sobre la relación enfermedad mental-peligrosidad, y su uso en el protocolo los refuerza de nuevo (aunque se diga, de manera hipócrita, que es en beneficio del enfermo y de la sociedad). Por otra parte, no menciona que este tipo de medidas ya han sido evaluadas cientificamente y se han mostrado ineficaces (ver resvision de ensayos clínicos de la Cochrane).
El protocolo no se garantiza en recursos, sino que pide que se creen la propuesta sanitaria que se hace, además de francamente ridícula y sin fundamentación científica, sólo crea fragmentación de los recursos públicos, y supone la retirada de recursos de los centros de salud mental (las auxiliares de apoyo domiciliario que hay en algunos de ellos). En un tratamiento coercitivo no es posible un tratamiento psicosocial ya que este requiere una alianza terapeutica que no puede darse cuando uno manda sobre otro, ¿se pide algún concierto de internamiento con entidades privadas hasta que se cree algún tipo de recurso público?. Ello explicaría la presencia de los 3 psiquiatras que hay en la comisión que debate este protocolo (...del Centro de Neurociencias en Bacarot ... una institución vinculada al OPUS).
Los problemas que hay en estos momentos derivan de la falta de recursos sanitarios, incluida la disminución de camas hospitalarias producidas en estos últimos años. Las personas que necesitan ingresar o no ingresan o sólo lo hacen durante un periodo muy breve (insuficiente) de tiempo.
¿Quien controlará a los controladores?
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