La Fiscalía critica por ineficaz la política penitenciaria del Gobierno
NOTA DEL EQUIPO EDITOR: La Fiscalía General del Estado acusa una importante falta de imaginación, perspectiva y conocimiento de la realidad y del derecho comparado. Como solución al hacinamiento sólo propone que se construyan más cárceles. Nada escuchamos acerca de la posibilidad de tratar en centros especializados y extrapenitenciarios a los miles de enfermos mentales que albergan nuestras prisiones; ninguna referencia al fomento de tratamientos específicos que, bien es sabido, disminuyen muy significativamente las tasas de reincidencia; ni una palabra sobre otras posibilidades, principios o alternativas –prevención, mediación, intervención mínima- con eficacia demostrada en la disminución de la criminalidad; ni una sola mención a la posibilidad de que, desde la propia Fiscalía General del Estado, se dicten instrucciones que recuerden que la verdadera función del Ministerio Fiscal no es la de acusar sistemáticamente y con pocos escrúpulos garantistas, ni tampoco la de meter en la cárcel al mayor número de ciudadanos, sino la de vigilar el respeto de la legalidad vigente. Pero la Fiscalía General del Estado, según parece desprenderse de sus últimas manifestaciones, no apuesta por toda la legalidad vigente –y por tanto, también por esas alternativas y principios que todavía quedan en nuestro ordenamiento jurídico y que huyen de los postulados más retributivos- sino sólo por aquella legalidad que conduce a la cárcel. El resultado de esta apuesta es, evidentemente, el hacinamiento. Lástima que la Fiscalía General del Estado no sepa o no quiera saber que los mismísimos EEUU empiecen ya a estar de vuelta de este tipo de políticas retributivas y encarceladoras y que, por ejemplo, el estado de Texas esté comenzando a flexibilizar las condiciones de acceso a libertad vigilada para no tener que construir tantas prisiones y para que las que ya existen no revienten. Lástima que, como decimos, la Fiscalía no sepa que su propuesta es, más a la corta que a la larga, económica y socialmente insostenible.
HERALDO DE SORIA.- El Ministerio Público asegura que los planes de frenar el hacinamiento con penas de cumplimiento abierto no funcionan por las muchas infracciones y la "impunidad" de los presos que se escapan.
La Fiscalía General del Estado pone en duda la gran apuesta del Gobierno para tratar de frenar el cada vez mayor hacinamiento penitenciario: las políticas de cumplimientos alternativos y controlados en la calle. La memoria del Ministerio Público, conocida el lunes, se muestra muy crítica con la imposición "masiva" de penas de trabajos en favor de la comunidad y recuerda a los responsables del Ministerio de Interior que las condenas fuera de los penales están provocando multitud de irregularidades e incumplimientos. La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, insistió ante el Congreso que la única salida a la superpoblación carcelaria son esas "penas alternativas", aunque admitió por primera vez la posibilidad de proyectar más cárceles a pesar de ni siquiera los nuevos centros prometidos en noviembre de 2005 están operativos y, en muchos casos, ni han empezado a construirse.
La Fiscalía es tajante: hay un "colapso" por el exceso de penas de cumplimiento alternativo (muy extendida entre los condenados por delitos de tráfico) que amenaza con "influir negativamente en el buen funcionamiento" del sistema penitenciario.
Gallizo reconoció este martes ante la comisión de Interior que el 43,5 por ciento de la población penada española está bajo "medidas alternativas", lo que supone que 39.355 internos que viven en algún tipo de régimen abierto.
A pesar de la crisis económica y los problemas de Interior para edificar los centros ya aprobados, las fiscalías se muestran «unánimes» en proponer una solución: "Es imprescindible la construcción de nuevos centros penitenciarios para evitar el hacinamiento". Y defienden su criterio por "dificultades que presenta" el cumplimiento alternativo de la pena, sobre todo el "control" real de esas medidas. "Es frecuente la no presentación del penado ante los servicios sociales penitenciarios", critica la Memoria de la Fiscalía General del Estado, que señala que también se dan numerosos casos en los que los reclusos utilizan la escusa del trabajo fuera de la prisión para huir.
ABUSO
La Fiscalía Delegada de Vigilancia Penitenciaria asegura haber detectado una conducta recurrente entre los reclusos para aprovecharse de este tipo de "penas abiertas": "Iinicialmente la aceptan para evitar una condena de privación de libertad", pero luego el interno "se muestra renuente a hacer efectiva la pena, no presentándose o alegando circunstancias impeditivas más o menos justificadas que obstaculizan el normal desarrollo de la ejecución de la misma".
El Ministerio Público admite que hay falta de colaboración de las diferentes administraciones y que hay carencias de plazas de cumplimiento en el medio libre. No obstante, cree que aun mayor es el problema de que "los trabajos que realizan los penados no tienen ninguna relación con la actividad delictiva" por la que terminaron entre rejas y contra la que debe combatir este tipo de reinserción. La Fiscalía General del Estado denuncia asimismo que estas condenas en libertad están siendo violadas sin que haya un castigo. "Existe una ausencia de procedimiento para su concreta ejecución que, entre otras dificultades, provoca la impunidad pues es difícil determinar en qué momento debe tenerse por quebrantada la pena".
"ÚLTIMO RECURSO"
La responsable de prisiones, ajena a las críticas de la Fiscalía, insistió en el Congreso en que la política penitenciaria de su departamento mantendrá la premisa básica que guía su gestión desde su toma de posesión en 2004: el recurso a la prisión de ser la "última" y no la "única" forma de "penalizar las conductas que se desvían de la norma". Mercedes Gallizo compareció en la cámara baja con el panorama penitenciario más desalentador desde la dictadura franquista. Solo en los ocho primeros meses del año la colonia reclusa en los 79 centros del país ha crecido en 4.740 miembros y se espera terminar el año con algo más de 7.000 nuevos internos. De seguir a este ritmo, 2008 doblará sobradamente el crecimiento del año anterior, cuando el colectivo subió en 3.079 personas. Sólo entre enero y agosto ya se ha superado en un 53 por ciento el total del año pasado.
La propia secretaria general de Instituciones Penitenciarias admitió que la "tendencia al alza se ha acelerado" en los últimos meses y, por primera vez, reconoció la posibilidad de que el Gobierno tenga que proyectar nuevas cárceles cuando ni siquiera ha abierto uno solo de los once centros previstos en el Plan de Amortización aprobado por el Consejo de Ministros hace ahora tres años.
Ante este panorama, Gallizo admitió este martes que "nunca se llegará a proyectar el número suficiente de centros para hacer frente a esta situación" porque el crecimiento exponencial de la población penitenciaria hace que intentar abrir más prisiones sea una "carrera imposible".
E insistió en el cumplimiento abierto que tanto ha criticado la Fiscalía. Al menos, reiteró ante los diputados, deben continuar a aplicándose las penas alternativas a las personas que hayan cometido un único delito porque de no ser así, advirtió, el gasto público en las cárceles se desbocará hasta límites no conocidos.
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