Mikel Gastesi concejal de la izquierda abertzale en Iruñea Un redactor de GARA y un fotógrafo de la agencia Argazki Press han sido imputados por un juzgado de Iruñea junto a otras nueve personas por un acto contra el veto a ANV. El procedimiento fue impulsado por la Policía Municipal de Iruñea. Pese a haber acreditado su labor profesional, el juez les mantiene en el proceso.
En una actuación de la que apenas se pueden encontrar precedentes, el Juzgado de Instrucción número 4 de Iruñea ha decidido imputar a dos periodistas de GARA por cubrir un acto informativo. Pese a que en las diligencias previas tanto el redactor de GARA Asier Velez de Mendizabal como el fotógrafo de la agencia Argazki Press Lander Fernández de Arroyabe han acreditado totalmente que se encontraban allí cumpliendo su labor profesional -de hecho, la noticia se publicó, firmada, al día siguiente-, el juez sigue sosteniendo la imputación en el auto emitido ayer, que seguramente abrirá paso al juicio oral.
En el auto, de tres páginas, se oculta la condición de periodistas de estas dos personas. Se alude a ellos como si hubieran participado también en la protesta, por la que son encausadas otras nueve personas, entre ellas el concejal de la izquierda abertzale Mikel Gastesi. Unicamente en un momento el juez establece una diferenciación: al referir que cuando los implicados en la acción fueron conminados a abandonar el edificio del Ayuntamiento de Iruñea «se sentaron todos ellos en el suelo, a excepción de Asier Velez de Mendizabal y Lander Fernández de Arroyabe». Resulta obvio por qué, pero el auto judicial evita reconocerlo.
La acción en sí, por lo demás, tuvo carácter pacífico. Varias personas entraron al Consistorio para denunciar la decisión de la Alcaldía de UPN de clausurar el despacho de ANV. Los dos periodistas, que están acreditados como tales en el Ayuntamiento, accedieron detrás de ellos, a cierta distancia, para presenciar lo ocurrido y poder informar de ello. Sin embargo, la Policía Municipal de Iruñea los incluyó en su atestado, igual que el resto.
«Contra el orden público»
Contra los once imputados, de modo indiscriminado, se dirige una imputación genérica de «delitos contra el orden público», que podría derivar luego en «desórdenes públicos» o «resistencia a la autoridad» -penados con cárcel- si se mantiene la consideración de «delito» y el caso no es rebajado a «falta». Ahora cabe la posibilidad de recurrir el auto, y luego la Fiscalía deberá determinar si se abre juicio oral y con qué calificación.
El abogado de los dos periodistas, Juanje Soria, no ocultaba su estupefacción por la resolución judicial: «Es muy extraño que dos periodistas que van a cubrir el acto y que lo acreditan perfectamente sigan imputados. Se han presentado documentos que son claros. Yo, desde luego, no conozco ningún precedente de esto», manifestó a GARA.
La defensa de los otros nueve imputados también recurrirá este fallo. «Por un lado, no se individualizan las conductas. Por otro, es muy evidente que sería una falta, no un delito».
Los comités de empresa de Baigorri, editora de GARA, Argazki Press y Astero se solidarizaron con sus compañeros en una nota de prensa en la que incidieron en que han sido acusados únicamente por realizar «las tareas propias de su labor informativa».
El procesamiento del redactor de GARA Asier Velez de Mendizabal y del fotógrafo de la agencia Argazki Press Lander Fernández de Arroyabe por «delitos contra el orden público» es la continuación de un despropósito iniciado por la Policía Municipal de Iruñea el día 17 de junio, cuando varias personas, entre ellas un concejal, llevaron a cabo una protesta pacífica en el edificio consistorial, por la decisión de la Alcaldía de clausurar el despacho de ANV, que ambos periodistas cubrieron. Al parecer no fueron suficientes las malas formas de los policías locales -llegando a arrebatar la cámara a Fernández de Arroyabe-, y posteriormente incluyeron a ambos periodistas en el atestado junto a quienes llevaron a cabo la denuncia.
La Ley de Partidos que propicia la situación de apartheid político en Hego Euskal Herria es muestra del más que dudoso carácter democrático tanto del Gobierno español como de cualquier institución que acepta y actúa en la misma lógica excluyente. Y el hecho de que una protesta pacífica ante el atropello de una formación política con indudable apoyo ciudadano sea objeto de procesamiento judicial deja en evidencia las carencias democráticas.
En este caso concreto, además, se incluye entre los imputados a dos periodistas por el único motivo de realizar su trabajo (con su correspondiente acreditación); es absurdo e inaceptable, y un nuevo ataque a la libertad de prensa. No cabe pensar en confusión alguna a la hora de redactar el atestado por parte de la Policía Municipal, toda vez que ambos periodistas cubren habitualmente actos en ese Ayuntamiento. Tampoco en la redacción del auto de procesamiento, habida cuenta de que los directores de ambos periodistas, en la declaración previa ante el juez, acreditaron debidamente que su presencia en el Ayuntamiento obedecía a su deber profesional. Sin embargo, el auto ni siquiera menciona su condición de periodistas.
No es la primera ocasión en la que informadores han visto obstaculizada su labor y, si bien las actuaciones policiales que lo hacen resultan indignantes e inadmisibles, no lo es menos que un juzgado pretenda arropar jurídicamente un despropósito que, de tener continuación, sería algo más que un aviso del riesgo que corre todo aquel que actúe en consecuencia con su deber de recabar y ofrecer información veraz, y con el derecho de la ciudadanía a ser informada.
Las situaciones de acoso al que somete la policia municipal a algunos fotógrafos de prensa en Pamplona es habitual. Este mismo año se han producido al menos una agresion a un fotógrafo, retenciones injustificadas, amenazas y en mas de dos ocasiones han borrado las imágenes tomadas en lugares publicos a fotógrafos acreditados cubriendo situaciones de evidente interes informativo. La situación en la capital Navarra es de una carencia democrática sangrante al no respetarse los derechos del periodista.
ResponderEliminarUtilizan la dificil situación política de la zona como justificante para los atropellos a los que someten a algunos miembros de la prensa. Este es el caso.