La directora del centro de menores de Galapagar, que está siendo investigado por la Justicia por presuntos malos tratos, ha reconocido durante su declaración que cuidadores sin título y sin ningún tipo de experiencia tienen potestad para inmovilizar a la fuerza a los chavales, así como que se prescriben fármacos a los chicos y se autorizan contenciones mecánicas con correas de sujeción con la autorización de un psiquiatra vía telefónica.
Para ponerse en antecedentes habría que remontarse a el pasado 3 de febrero cuando el Defensor del Pueblo visitó el centro de menores tutelado de Galapagar, “una especie de internado para chicos desprotegidos” dependientes de la Comunidad de Madrid.
Le llamaron la atención varias cosas. Por ejemplo: las características de las sujeciones que se usan para inmovilizar a los niños. También la impresión que daban algunos de ellos de estar sobre-medicados más allá de la prescripción médica. Y, sobre todo, las enormes contradicciones entre los relatos de los educadores y los chicos allí recluidos.
La visita se realizó debido a una denuncia interpuesta por dos jóvenes en un cuartelillo de Torrelodones. Uno de ellos abandonó el centro hace dos años. El otro aún es menor. Ellos dos junto a otros dos, que ahora también son mayores, pusieron esta demanda penal el pasado diciembre.
Los cuatro jóvenes ya han declarado como testigos en un Juzgado junto con más compañeros y algunos cuidadores.
En la sala se escuchará el relato de los menores describiendo tormentos como estar una noche atados sin poder moverse y con orines encima.
Las sistemáticas humillaciones verbales y castigos. O el exceso de medicación más allá de las normas legales que la regulan.
La Consejería de Asuntos Sociales, de la que depende el Instituto del Menor y la Familia, sostiene que los correajes hallados están homologados y también se pueden encontrar en un hospital.
Elena Moneo Domingo, actual directora del centro, compareció esta mañana como imputada ante el juez de Instrucción número 7 de Collado Villalba, quien investiga las denuncias presentadas por los cuatro menores.
Se le acusa de un delito de atentado contra la integridad moral, que supone el escalafón menor al delito de torturas, la directora relató que a los educadores se les exige un título medio de prácticas sociales, mientras que los cuidadores no necesitan ni siquiera experiencia para trabajar en el centro. Tanto educadores como cuidadores tienen facultad de practicar una contención física a los chicos si así se requiere, torciéndoles el brazo para inmovilizarles.
La imputada señaló que en el mismo centro se da un curso de formación a los empleados sobre cómo actuar en el caso de contenciones físicas (inmovilizaciones), químicas (fármacos) y mecánicas (correas de sujeción).
Otra de las denuncia corresponde a J.A.G, interno en el centro de Galapagar durante tres años, de septiembre de 2005 a julio de 2008. El joven se declara víctima de castigos psíquicos, como la obligación a ducharse delante de los educadores.
Cuenta, además, que cuando pidió a uno de los empleados que respetara su intimidad, éste le respondió bajándose los pantalones y mostrándole sus genitales. Denuncia también que los educadores castigaban a los menores sin cenar o a permanecer en el jardín, durante horas y en pijama, a pesar de las bajas temperaturas.
Estas cárceles para los niños son de carácter privado, son gestionados como un negocio cualquiera y como tal lo único que busca es el incremento de sus ingresos para abultar más sus beneficios. Las vidas de estos niños resulta una materia prima muy golosa para ambiciosas entidades privadas, que solo buscan abrir su mercado y mejorar su patrimonio teniendo en cuenta que lo hace con la complicidad de las instituciones.
El centro de Galapagar recibió este año por parte de la comunidad de Madrid una subvención de 1.5 millones de euros. El Centro situado en la calle San Antonio nº 6, pertenece a la empresa de salud mental Consulting S.L. Esta empresa que se dedica a la “salud mental” aparte de tener este centro de menores en galapagar, posee otros dos, uno en Robledo de Chavela y otro en El Escorial.
Recordar que aquí en Burgos se encuentra otra carcel de menores en el barrio de Villatoro pertenenciente a O’Belen, otra “fundación” que también se encuentra bajo sospecha de utilizar las mismas prácticas (ya que parece algo normalizado según se está viendo) y tras el suicidio e intento de suicidio de varios chavales. También habría que decir que la UBU tiene firmado un convenio con dicha carcel para mandar de prácticas allí a parte de sus alumnos de Educación Social. La Universidad ya conoce las prácticas y el dossier realizado sobre esta “fundación”que denuncia sus actuaciones y parece que sigue encajonada en seguir colaborando con ellos por lo tanto se les podría considerar complices del maltrato y la tortura.
NO A LAS CARCELES DE MENORES.
CON L@S NIÑ@S NO SE JUEGA.
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