Defensores derechos inmigrantes critican desalojo de la fábrica Marxalenes

Las plataformas de defensa de los derechos de los inmigrantes han expresado su repulsa ante el desalojo, hoy, de una fábrica de Marxalenes, en la que había unos 60 inmigrantes sin hogar.

En un comunicado, el Foro Alternativo de la Inmigración, la Mesa d'Entitats de Solidaritat amb els Immigrants y la Red Estatal por los Derechos de las y los Inmigrantes, han criticado que la respuesta de las administraciones públicas estén basadas en soluciones policiales y judiciales y no en la garantía de los derechos fundamentales.

Según las mismas fuentes, los representantes de las organizaciones sociales de defensa de los derechos de las personas inmigrantes que durante este tiempo han conformado la red de apoyo de este colectivo, han estado presentes durante el desalojo para supervisar y garantizar que las condiciones del mismo fueran dignas para las personas afectadas.

Además, han indicado que el pacto al que habían llegado con la policía para que no se cursaran órdenes de expulsión de las personas desalojadas, no ha sido cumplido por parte de los agentes.

Según los defensores de los derechos de las personas, han sido treinta los inmigrantes identificados y citados ante el juez, además de cinco miembros de las organizaciones.

Según las mismas fuentes, esas cinco personas pertenecen a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR PV), la Red Estatal por los Derechos de las y los Inmigrantes (REDI) y de Valencia Acoge.

En ese sentido, las organizaciones han manifestado que "todo ello supone, no solo la criminalización de los inmigrantes, sino también de las organizaciones que conforman la sociedad civil".

Además, ha indicado que las plazas de albergue que el ayuntamiento ofrece no responden a las necesidades de estas personas y muchos de ellos no pueden aceptarlas.

Según las organizaciones en defensa de los derechos, "es necesaria una política de prevención de estas situaciones ya que se repiten sistemáticamente ante la dejadez de la administración pública, incapaz de ofrecer soluciones que garanticen la protección y la integración".

Además, han exigido que a la Delegación de Gobierno que "no ejerza represalias sobre este colectivo, actualmente en estado de extrema vulnerabilidad, emitiéndoles órdenes de expulsión o con cualquier otra medida que no garantice su protección y la defensa de sus derechos".