Existe una realidad en nuestras calles, en nuestros barrios que no vemos, pero que está ahí; los centros de menores donde se encierra a chaval@s con la intención de “reinsertarles” en la sociedad y que no vuelvan a delinquir. Sin embargo y como sucede en la sociedad capitalista la realidad es muy distinta y es necesario actuar para recuperar nuestras vidas.
Si hacemos un repaso a lo que han sido las denominadas “políticas de integración” dirigidas a l@s chaval@s que las distintas administraciones y gobiernos han ido aplicando, vemos que se basan en un proceso de criminalización previo con la Ley de Responsabilidad Penal del Menor del año 2000 complementada con los reglamentos y reformas (la última del 2006) que han ido endureciendo con una nueva gama de sanciones la susodicha Ley. Tanto la Ley como las reformas responden al parecer a un aumento de la delincuencia infantil y juvenil. Sin embargo los datos dicen lo contrario. Así en 2004 la cifra de chavales que delinquieron fue de 24.309, mientras que en 2005 esta cifra desciende hasta 23.844. ¿Por qué entonces se endurecen las penas a menores? ¿No será que lo que se busca es ayudar a entidades privadas a que obtengan unos buenos dineros de la marginación y la desgracia? Porque sí, estos centros de menores, son gestionados por organismos privados, que sacan unos muy buenos dividendos del encierro de menores (según el último informe de la Asociación Pro-derechos Humanos de Andalucía, el estado da las ONG’s que gestionan estos centros 219 euros diarios por cada menor, unos 6500 euros al mes). Esta privatización también supone que existan reglamentos internos (redactados por estas asociaciones) de obligado cumplimiento y que pueden ir desde sancionar a alguien por mirar por la ventana, así como la posibilidad de atar a un menor a su cama como castigo.
Si hacemos un estudio sobre l@s menores que están en estos centros, vemos que en realidad lo que se castiga principalmente es la pobreza (pobreza que genera el sistema capitalista debido a su propio funcionamiento), ya que la mayoría vienen de familias con escasos recursos económicos. Además la mayoría de delitos cometidos por ést@s, tienen que ver con ataques a la propiedad, robos, menudeo con drogas, etc, siendo mínimo (un 1%) los de sangre. Además un 80% de l@s chaval@s suelen reincidir ya que son expulsad@s a la misma sociedad que les encerró. Es curioso ver que los mismos procesos que fomentan la violencia, fomentan la plaga emocional que grita reclamando castigos ejemplares. Esto nos lleva a otro efecto más perverso todavía, más cínico y más injusto: las medidas prevén agravar las penas de los reincidentes. Sin embargo, además de la constatación de que la reincidencia ha sido provocada por las mismas condiciones sociales que provocaron la situación inicial de “riesgo”, no debemos perder de vista que, puesto que el objetivo de la Ley era la “resocialización” y el sujeto reincide, ello significa que la Ley ha fracasado; pero quien paga el fracaso es el propio sujeto que se ve sometido a penas por “reincidencia”.
¿Pero qué es lo que pasa en el interior de esos muros?
Según las distintas informaciones publicadas que van conformando, valga la redundancia, la opinión pública (los medios están contribuyendo a la imagen de la infancia como un factor de riesgo para la sociedad), los centros de menores son lugares donde una serie de “profesionales” trabajan con l@s chaval@s para darles una vida mejor. Sin embargo en estos centros predomina el carácter de custodia sobre el educativo, se dificulta la integración en actividades sociales, en muchos no pueden salir al patio (algunos ni tienen), produciendo un deterioro de la conducta tanto más intenso cuanto más temprano es el internamiento y más largo el periodo de permanencia en el centro. En los que pueden salir al instituto, muchas veces l@s niñ@s son castigadas con la imposibilidad de ir durante días y a veces meses.
Los reglamentos permiten encerrar en celdas de aislamiento a l@s menores hasta un total de 10 días seguidos (esto a parte de toda una serie de sanciones que cuadriculan la vida del menor). Supuestamente, esto es ilegal, ya que la ONU prohíbe el aislamiento con menores, pero “saltarse” esta norma, en los centros lo que hacen es colocar una silla junto a la celda donde supuestamente siempre hay algún educador “supervisando” al menor.
Esto se complementa con la medicación a la que son sometid@s l@s menores para “contenerles” (muchas veces sin el consentimiento de sus padres, e incluso es habitual metérselos en el cola cao para que no se den cuenta). Entre un 80 y un 90% de l@s menores son obligados a consumir algún tipo de medicamentos. Tenemos que l@s chaval@s son medicados con neurolépticos (para los nervios), pero sin ningún diagnóstico de esquizofrenia en su inmensa mayoría. También se les proporciona ansiolíticos, antidepresivos e hipnóticos, en su mayoría por primera vez a partir de su entrada en estos centros y además no es mucho el tiempo que pasa para que empiecen a dárselos. Estos medicamentos les producen graves efectos secundarios a corto y largo plazo: embotamiento, afectividad aplanada, problemas psicomotrices, alucinaciones, depresión, espasmos musculares... además de generar adicción, lo que ha provocado que much@s chavales al salir estén con el mono. La medicación psiquiátrica se ha convertido en los últimos diez años en un negocio muy lucrativo (controlado por el lobby de las industrias farmacéuticas), que se suma al que reciben las empresas que gestionan el centro. ¿ Que pasaría si por ejemplo todo ese dinero fuera a parar a las familias de l@s menores? Como vemos detrás de las cárceles de menores hay muchos intereses ajenos a lo de dichos menores.
Además estos centros tiene denuncias por palizas, abusos y agresiones sexuales, abusos de poder, “suicidios” (la lista sería demasiado largo para poder explicitarla aquí)... Y aunque por parte de l@s trabajador@s en su gran mayoría se desmienten, dicen que ell@s no lo han visto (que van a decir si son l@s que realizan estas prácticas), sabemos, porque lo hemos sufrido, porque nos lo han contado otros menores, e incluso trabajadores que sí se atreven a hablar que todo esto es verdad y que sucede cotidianamente.
Tampoco nos queremos olvidar de la situación que supone que l@s menores en muchos casos son separados de su medio, porque son llevados a centros alejados de su entorno, así como de l@s inmigrantes que sin ser escuchad@s son retornados sin ningún tipo de garantías (muchas veces se les deja lejos de su ciudad de origen y sin avisar a nadie).
Todos estos argumentos no son más que pequeños ejemplos de una realidad con la que convivimos. Y nosotr@s no nos vamos a callar. La organización y la lucha, son las únicas armas que tenemos para acabar con estos centros de encierro y abuso. Y por eso hemos realizado unas jornadas que nos ayuden a saber más sobre el tema y nos permita disponer de armas para la realización de nuestros objetivos.
No a las cárceles de menores
Hagamos que fracasen los intereses capitalistas de las empresas que se beneficien de este régimen carcelario
Más información sobre la situación en los centros de menores cerrados:
http://www.centrosdemenores.com/
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