Colectivos sociales de Asturias y Cantabria, encuadrados dentro de la organización 'Ruta contra el racismo y la represión' han denunciado ayer la apertura del procedimiento de expulsión abierto a dos inmigrantes paraguayos cuando acudieron a los Juzgados de lo Social de Santander para personarse en el juicio que habían promovido contra una empresa en la que trabajaban por "explotación" laboral.
Según relató hoy el portavoz de estos colectivos, Eduardo Romero, los dos inmigrantes acudieron al primero de los juicios, en el que uno actuaba como acusación y otro como testigo, el pasado 1 de octubre, acompañados de su abogada.
El personal de seguridad les reclamó la documentación y, al comprobarse que eran extranjeros, avisaron a la Policía Nacional que, tras verificar que se encontraban en situación irregular en España, pretendió "llevárselos detenidos" y abrirles un expediente de expulsión, aunque su abogada pudo retrasar estos hechos hasta después de celebrarse el juicio.
Romero señaló que, pese a las "numerosos evidencias" que demuestran su relación laboral con la empresa, ubicada en Santander, que se dedica a la venta y alquiler de escenarios y carpas y tiene "numerosos" encargos de instituciones públicas, la jueza falló en contra de los trabajadores, que, tras la vista, sufrieron "ocho horas de detención" en comisaría y la apertura de los procedimientos de expulsión.
Con motivo de la celebración hoy del segundo de los juicios en los Juzgados de lo Social de Santander, representantes de estos colectivos, entre los que, por parte de Cantabria, se encuentran la Coordinadora Antifascista y la CNT, han acudido a las puertas del edificio judicial para acompañar a los afectados y denunciar los hechos ante los medios de comunicación.
Los dos inmigrantes, Luis Egaña, de 23 años, y Claudio Maturana, de 27, explicaron por su parte que trabajaron en Santander durante un año y dos meses para la citada empresa, a la que denunciaron por el "impago" de cuatro meses de sueldo. Según Egaña, cobraban 900 euros mensuales, trabajando "fines de semana" y "empezando a las ocho de la mañana" y hasta que acabaran el trabajo.
Ambos residían en Asturias, pero se trasladaron a la capital cántabra al recibir esta oferta de trabajo, donde vivían en una casa que estaba "en malísimas condiciones" que puso a su disposición la empresa.
Egaña manifestó su indignación por lo ocurrido, que calificó de "abuso", porque "uno viene aquí a reclamar sus derechos y te encuentras con esto; cualquier persona que esté en la misma situación se lo va a pensar dos veces", dijo. Aseguró que no se les pasó por la cabeza que pudieran ser expulsados del país, donde llevaban tres años en situación irregular.
En este sentido, su abogado, Juan Vega, que acudió al juicio de ayer, en el que se veía la denuncia interpuesta por Egaña, explicó que basará su defensa en la existencia de una relación laboral con la empresa, que la juez no ha admitido en el caso de Maturana.
Según un representante de la organización que los apoya, su expulsión del país podría paralizarse si se demuestra arraigo, en este caso de tres años y con un trabajo.
"Tiempo record"
Los dos inmigrantes tienen una nueva vista hoy en Oviedo en la que se decidirá la expulsión o no de Egaña, y en su caso se fijará ya la fecha. Este inmigrante también fue detenido hace dos días en la capital asturiana, donde ahora reside, y enviado durante 27 horas a un calabozo, en ejecución "en tiempo record" del procedimiento de expulsión abierto en Santander, señaló Eduardo Romero.
Según el portavoz de 'Ruta contra el racismo y la represión', "hasta los policías que le detuvieron se extrañaron de la rapidez del proceso". Destacó al respecto el hecho de que se les "persiga" poco antes de celebrarse ambos juicios, para "dificultarles o incluso impedirles" su comparecencia en los mismos, lo que supone una "clara vulneración" del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocida en la Constitución.
Para estos colectivos, lo sucedido evidencia que existen "redadas policiales" contra la población inmigrante, pese a que el Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha negado reiteradamente que la policía realice "controles racistas" de documentación.
Consideran además que lo ocurrido ante las puertas de los Juzgados de Santander, y posteriormente en Oviedo, es "un paso aún más grave" en esta "escalada represiva", al tratarse de la detención de dos personas que acuden a denunciar su situación de "trabajadores explotados en la economía sumergida".
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