La Fiscalía de Córdoba ha solicitado seis años de cárcel por unos presuntos abusos sexuales para un trabajador de la Casa de San Francisco de Asís, un centro para discapacitados de la Congregación de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca. El acusado, Ángel C. U. P., fue detenido en Granada el 22 de octubre de 2009 y está en prisión preventiva desde entonces.
Según adelanta hoy en exclusiva el diario EL PAÍS en su edición andaluza, la Fiscalía de Córdoba ha solicitado seis años de cárcel por unos presuntos abusos sexuales para un trabajador de la Casa de San Francisco de Asís. Este centro para discapacitados de la Congregación de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, es muy conocido en Córdoba por su labor asistencial.
Hasta que punto su fama escapa a la frontera de la provincia, lo explica el hecho de que estaba prevista una visita de la Reina para conocer de cerca sus actividades. Inesperadamente, esta visita oficial de Doña Sofía prevista para el 9 de octubre de 2009, se suspendió. 13 días mas tarde, el acusado, Ángel C.U.P, fue detenido en Granada. Desde ese momento el acusado se encuentra en prisión preventiva.
Ahora se ha conocido que dos días antes de esta visita oficial, un anónimo enviado a la Subdelegación cordobesa del Gobierno, avisó de estos presuntos casos de abusos sexuales. La Subdelegación trasladó el escrito a la policía y a la Fiscalía, que iniciaron una investigación que terminó con la detención del sospechoso.
Según el escrito del fiscal, esta persona -”actuando como trabajador colaborador y aspirante a postulante” de esta congregación- mantuvo relaciones sexuales en al menos tres ocasiones con uno de los internos, un joven que padece “una minusvalía del 86% por retraso mental grave”. Los presuntos abusos tuvieron lugar en las duchas junto al dormitorio en agosto de 2009.
El fiscal considera al acusado responsable de tres delitos de abusos sexuales. Y solicita una indemnización de 3.000 euros, que debería pagar el autor o “en su defecto” la congregación religiosa por ser considerada la responsable civil directa. Curiosamente, la congregación ya ha pagado, aunque ni el juicio se ha celebrado ni las partes han acordado. Además la propia Iglesia no se ha limitado a entregar los 3.000 euros que exige la fiscalía, sino los 5.000 que ha reclamado la acusación particular por los daños morales ocasionados. La familia, además, pide que la pena de cárcel se eleve hasta los nueve años.
El periódico de Prisa continua desvelando datos tales como que tras conocerse este caso, han surgido más anónimos esclareciendo otros supuestos abusos cometidos por miembros del centro. Recientemente, un juez de Córdoba abrió otra investigación, sin detenciones por ahora. Varios trabajadores de este centro han declarado ya. Ante lo sucedido, tres familias han apartado del centro a sus allegados y han criticado que no se haya informado del hecho.
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