"Presos políticos, gente Valiosa"

Según el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, en Colombia existen 7.200 personas en calidad de presos políticos, de los cuales, sólo 1.500 son pertenecientes a la insurgencia armada y 5.700 dentro de la vida civil que hacen oposición al Estado, entre quienes se encuentran estudiantes, sindicalistas, defensores de derechos humanos, familiares de los miembros de la guerrilla, madres y campesinos. El Abogado de un preso político en Colombia, se enfrenta al Estado con un proceso político y no jurídico. En las cárceles el trato dado a los presos políticos no es igual al otorgado a los llamados presos sociales y paramilitares.

PRESOS POLÍTICOS: "Gente Valiosa"

Fuente: www.abpnoticias.com

La experiencia de visitar las cárceles en la Costa Atlántica, para varones y mujeres, buscando en su interior personas que el régimen tiene en el ostracismo, es de regocijo personal tener al frente gente tan valiosa, que todos debemos respaldar y acompañar en forma permanente, porque son los hombres y mujeres de conciencias puras y limpias que luchan para cambiar el estado de barbarie que padece el pueblo colombiano.

A las personas que se tienen al frente en esas entrevistas, en los sitios indignos que han determinado en las cárceles para recibir sus versiones, son ni más ni menos, que los presos políticos de Colombia, que por uno, dos, tres y hasta cuatro lustros se encuentran vinculadas, de una u otra forma, a la lucha contra el sistema de oprobios que impone el Estado colombiano. Hay que tener bien claro, que no son los “delincuentes” que el gobierno de Álvaro Uribe quiere presentar como tales. Por revolucionarios son odiados por la oligarquía de este país (mientras que los paramilitares son protegido por los ricos y poderosos de Colombia y gozan de tratos bastante benévolos en los penales).

El Abogado en la defensa de un preso político en Colombia, se enfrenta al Estado con un proceso político y no jurídico. Esto, porque el actual gobierno ha tomado como punta de lanza para la aplicación de la llamada “seguridad democrática” a la Fiscalía General de la Nación. Es así como las personas que son detenidas sindicadas de rebelión, seguidamente se le imputan delitos de secuestro, terrorismo, homicidio, lesiones personales, porte ilegal de armas, fabricación y porte de explosivos, productor y distribuidor de estupefacientes, auxiliador o colaborador de la guerrilla, etc. Entonces, el delito político se borra de la legislación penal, para que esa personas no tengan probabilidad alguna de ser amnistiadas o indultadas por la carga de delitos comunes que les endilgan una vez inician el proceso penal en su contra y con el objeto de “justificar” condenadas a penas de 30, 40 y hasta 60 años de prisión.

La Corte Constitucional, acogiendo los protocolos internacionales aplicables a las guerras interestatales y los conflictos armados internos, definió el delito político así:

“El rebelde responsable de un delito político es un combatiente que hace parte de un grupo que se ha alzado en armas por razones políticas, de tal manera que, así como el derecho internacional confiere inmunidad a los actos de guerra de los soldados en las confrontaciones interestatales, a nivel interno, los hechos punibles cometidos en combate por los rebeldes no son sancionados como tales sino que subsumen en el delito de rebelión. Y es obvio que así sea, pues es la única forma de conferir un tratamiento punitivo benévolo a los alzados en armas”. Rad.26945. M.P. Yesid Ramírez Bastidas y Julio Enrique Socha Salamanca. 11-07.2.007.

Sabemos que en Colombia en delito político se acabó cuando la misma Corte Constitucional, según Sentencia C-456/97, declaró inconstitucional el artículo 127 y otras normas del C.P (Decreto 100 de 1.980), que acogía el derecho de gentes y el pluralismo democrático, se subsumían en el delito de rebelión y en el de sedición los hechos punibles cometidos en combate, siempre que no constituyeran actos de ferocidad, barbarie o terrorismo. Siendo así, sin los llamados delitos conexos el delito de rebelión se quedó vaciado de su sustancia y reducido al delito de opinión.

ALGUNAS CIFRAS Y LAS SITUACIONES QUE PADECEN LOS PRESOS POLÍTICOS EN COLOMBIA

Según el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (www.comitedesolidaridad.com) en Colombia existen 7.200 personas en calidad de presos políticos, de los cuales, sólo 1.500 son pertenecientes a la insurgencia armada y 5.700 dentro de la vida civil que hacen oposición al Estado, entre quienes se encuentran estudiantes, sindicalistas, defensores de derechos humanos, familiares de los miembros de la guerrilla, madres y campesinos.

En las cárceles el trato dado a los presos políticos no es igual al otorgado a los llamados presos sociales y paramilitares. A los presos políticos los clasifican en alta seguridad, porque en la mayoría de los casos son procesados por la llamada Justicia Especializada. Son ubicados en los pabellones de máxima seguridad, en donde le son restringidos sus movimientos, las entrevistas con sus defensores, las visitas familiares, se les limitan la entrega de alimentos, útiles de aseo. Son incomunicados, su correspondencia es limitada y revisada. Una vez capturado la persona y se le sindica de rebelión, es enviada a una cárcel de Alta Seguridad de Valledupar, Cómbita, La Dorada, Palo Gordo. Pero, que en estos tiempos de seguridad democrática, el INPEC las tiene clasificadas a todas las cárceles en Colombia de máxima seguridad, para restringir los derechos de los detenidos y presos.

Los procesos los dilatan, porque los sindicados no son traslados oportunamente a las ciudades en donde se encuentran radicados los procesos, y por ende deben realizarse las diligencias judiciales con la presencia obligatoria del procesado, pues las cárceles en donde están recluidos, se encuentran en el otro extremo de Colombia a donde se encuentra radicado el proceso. Eje. Procesos radicados en Sincelejo y Cali y los procesados se encuentran en las cárceles de Cómbita y Cúcuta.

En la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, los internos e internas no tienen espacio donde recibir sus visitas familiares, pues a los visitantes no se les permite la entrada a los patios de los pabellones o torres. Por lo que tienen que atender a sus familiares en sitios enmontados, sin ninguna protección del sol o de la lluvia, sin sillas o bancas para sentarse las personas.

En este mismo penal, los internos clasificados en alta seguridad, reciben visitas familiares cada 30 días. No les hacen entrega de los útiles de aseo y las encomiendas con ropas y calzados, las permiten cada 6 meses.

Los castigan en celdas sin ninguna clase de servicios públicos, por 30, 60 y hasta 120 días. Les niegan la hora de sol y las llamadas telefónicas durante todo el tiempo de castigo. Castigos crueles, por faltas inexistentes o leves.

Les practican requisas en sus celdas en altas horas de la noche y, si los internos se resisten, los cuerpos cancerberos ocupados de la vigilancia de esos penales, les arrojan gases lacrimógenos.

En la ciudad de Sincelejo se encuentra radicado desde el año 2.002, un proceso donde se encuentran 143 personas, sindicadas de rebelión, terrorismo, homicidio, secuestro, etc.; sin que a la fecha haya culminado la etapa del juicio, a pesar de que la resolución de acusación se encuentra ejecutoriada desde el mes de septiembre de 2.004. Existe un solo Juez Especializado para centenares de procesos de su competencia. Los que se encuentra detenidos por este proceso, prácticamente, los tiene secuestrados el Estado colombiano.

Los presos políticos vienen siendo presionados, acosados y hasta amenazados por la Dirección del INPEC y los Directores de los establecimiento penales, para que se desmovilicen (transformándose en delatores a sueldo), de acuerdo con las orientaciones del gobierno nacional

Estos hombres y mujeres que se encuentran presos, no sólo requieren la asistencia jurídica. Necesitan, quizá con mayor énfasis, la asistencia humanitaria y solidaria en todo el sentido de la palabra, porque no es cualquiera en Colombia, que padeciendo todos los rigores de la barbarie que despliega el Estado colombiano, se encuentra con la esperanza y la convicción intacta de que cambiará en este país, más temprano que tarde, este sistema de injusticias.

Es gente de carne y hueso que, algunas veces, el sistema jurídico del Estado colombiano no los registra como personas. Paridos del pueblo colombiano, que dándose sus propios nombres y que la historia los reconocerá, son ellos MANUEL ARIEL, NEIRO, FELIPE, AMALIA, CARMENZA, GUILLERMO, PEDRO, OSCAR, FARID, y así, miles de hombres y mujeres en las cárceles de Colombia, que atadas de manos y pies, y bajo rejas y candados, se observa en sus rostros la luz de sus conciencias que los ilumina en su lucha, que no será en vano y que no se entregarán al enemigo, ni se arrepentirán de sus actos, porque lo hacen por ese profundo sentimiento de amor por su pueblo, el colombiano.