Además, prevé establecer la pena máxima (40 años) para los "asesinatos terroristas", algo que en la práctica ya se está aplicando. Etxerat ha denunciado que "no sabemos hasta dónde van a llegar en el incumplimiento de los derechos humanos".
"El País" avanza en su edición de hoy el contenido de la reforma del Código Penal que están pactando PP y PSOE, cuyo proyecto de ley quiere aprobar el Gobierno español en el Consejo de Ministros que se reunirá el próximo viernes.
La reforma legal contempla una serie de medidas para endurecer el castigo a los presos políticos vascos. A pesar de que PSOE y PP descartan asumir la instauración legal de la cadena perpetua en su pacto, ésta ya se aplica en la prácticacontra los presos vascos tras la reforma del Código Penal de 2003 –que elevó el cumplimiento de penas a 40 años– y la posterior imposición de la acumulación de penas –la denominada "doctrina Parot"–.
En la nueva reforma que están pactando, además de la pena de 40 años, se contempla la imposición de más de diez medidas contra los presos vascos una vez que sean excarcelados. Así, se les impondrá la obligación de comparecer periódicamente ante el juez; la prohibición de abandonar su residencia sin permiso del juez o del tribunal sentenciador; la prohibición de acudir a lugares o establecimientos determinados y de acercarse a las víctimas; la obligación de seguir tratamiento médico externo y de participar en cursos laborales u otros, entre otras medidas.
Además de ello, el juez o tribunal podrá acordar el control de los excarcelados con medios electrónicos como pulseras telemáticas, con el fin de que estén localizados.
Etxerat: "Hasta dónde van a llegar en el incumplimiento de los derechos"
Representantes de Etxerat han sido cuestionados por estas medidas en la comparecencia que han ofrecido en Donostia y han denunciado que los estados español y francés "no se conforman con que los presos hayan cumplido la condena y alargársela", sino que, tras ponerlos en libertad, "llevan a cabo una política de seguimiento post-cárcel".
"No sabemos hasta dónde van a llegar en el incumplimento de los derechos humanos", han señalado, al tiempo que han recordado que ya hay precedentes en el Estado francés, con el confinamiento en departamentos alejados de Euskal Herria, y también ha habido casos de presos con enfermedades graves a los que se les ha querido hacer un seguimiento personal, incluso aunque se les haya mandado a casa.
Junto a ello, han censurado que a los familiares directamente relacionados con los presos también se les aplica esa política de seguimiento y "esa restricción de su vida íntima".
Gara
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