El FMI, después de imponer durante años duras medidas de ajuste en los países del Sur, ahora impone sus recetas neoliberales en Europa recortando los derechos laborales
La crisis actual es el medio ideal para que el FMI aplique en Europa sus recetas ultraliberales adulteradas que ha estado imponiendo a los países en desarrollo desde comienzos de los años ‘80. Deslegitimado durante tres décadas de planes de ajuste estructural impuestos brutalmente a los pueblos del Sur, el FMI vuelve al centro del juego político desde el momento en que el G20 se hizo cargo de la gestión de la crisis en 2008.
El Sur fue el primer campo de batalla, Europa es ahora su prolongación.
El primer país tocado fue Hungría, antes de Ucrania, Islandia y Letonia. Después, en 2009, fueron Bielorrusia, Rumania, Serbia, Bosnia y más recientemente Moldavia y Grecia. La lista de países que solicitan un préstamo a la institución continúa alargándose y todos son obligados a aplicar los planes de austeridad dictados por los mercados financieros, el FMI y la Unión Europea.
El desastroso impacto social sobre las poblaciones nos recuerda los planes de ajuste estructural de siniestra memoria, implantados en el Sur después de la crisis de la deuda de 1982. Estos planes de austeridad tienen como objetivo una fuerte reducción de los gastos públicos, sin tocar a los grandes capitales, con el fin de encontrar los fondos necesarios para rembolsar prioritariamente a los acreedores.
Hungría abre el baile de los ajustes y de la derecha nazi europea
En octubre de 2008, se decidió un plan para Hungría de 20.000 millones de euros: 12.300 millones prestados por el FMI, 6.500 millones por la Unión Europea y 1.000 millones de euros por el Banco Mundial. Además del crecimiento automático de la deuda se implantaron una serie de severas condiciones para la población: el aumento de 5 puntos en el IVA, actualmente en el 25 %, el de la edad legal de jubilación a los 65 años, la congelación de salarios para los funcionarios durante dos años, la supresión del aguinaldo para los jubilados.
Nazis paseando en tanques por las calles de Budapest.
Hungría, gobernada por los socialdemócratas, había conseguido salvaguardar un sistema social bastante protector. El descontento de la población por la aplicación, bajo la conminación del FMI, de esas medidas de austeridad se benefició a la derecha conservadora que acusó a los socialdemócratas en el poder de haber hecho del país “una colonia del FMI” |1|. Sin embargo, la victoria del nuevo primer ministro conservador Viktor Orban, fue bendecida por el FMI, que estima que el partido de Orban, obtuvo la mayoría necesaria para modificar la constitución y por lo tanto “representa una oportunidad para introducir reformas estructurales” |2|.
Los socialdemócratas sufrieron una derrota histórica en las elecciones legislativas de marzo de 2010 y abrieron la puerta grande a la extrema derecha que entró en el parlamento por primera vez con el 16’6 % de los votos.
Ucrania sancionada por el FMI
El FMI aprobó en noviembre de 2008 un programa de salvaje de dos años para Ucrania que llegaba a los 16.400 millones de dólares. Hasta mayo de 2010, el país sólo había recibido 10.600 millones de dólares de la institución ¿Por qué? Porque desde el aumento del 20 % en el salario mínimo a fines de octubre de 2009 otorgado por el anterior Gobierno de Viktor Yúshenko, el FMI suspendió la aportación de fondos. La visita de una delegación ucraniana a Washington en diciembre de 2009 no cambió nada y el pago de una nueva fracción del crédito permanece bloqueado.
En espera, Ucrania tuvo que aprobar el retraso en la edad de jubilación y el aumento del 20 % en la tarifa del gas para los particulares a partir del 1 de septiembre de 2009. Se prevé una privatización y recapitalización de los bancos. La privatización de la fábrica química de fertilizantes de Odessa vuelve a estar sobre la mesa, a pesar de la importancia estratégica que representa para la región y para el Estado, y a pesar de las críticas que se le pueden formular respecto a sus prácticas ambientales. El nuevo Gobierno, establecido en marzo de 2010 por la elección presidencial de Viktor Yanukóvich, propone entre sus prioridades, continuar la demanda de ayuda al FMI |3|. De esa manera, espera obtener un plan de apoyo de 19.000 millones de dólares del FMI, después de hacer que el parlamento adoptase un presupuesto para 2010 que prevé reducir el déficit hasta el 5,3 % del PIB, más allá de las exigencias del Fondo. La misión del FMI, a fines de marzo de 2010, fue la ocasión para aproximarse al nuevo Gobierno en vista del relanzamiento del crédito acompañado de futuras tratamientos de austeridad.
Grecia: la cuna de la democracia
Mientras que Grecia, agobiada por una deuda récord, llamó a las puertas de la Unión Europea y del FMI |4|, la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s rebajaba (en tres grados) la nota de su deuda el 27 de abril de 2010. Los mercados caen y los inversores especulan a la baja, acentuando la tendencia.
El primer ministro Papandreu declaraba el 11 de diciembre de 2009 que: “Los asalariados no pagarán por esta situación: no procederemos a la congelación o a una reducción de los salarios. No hemos llegado al poder para desmantelar el Estado social” |5|. No obstante, desde el 18 de marzo de 2010, se estaba elaborando minuciosamente un plan común UE – BCE – FMI |6| con el acuerdo del PASOK, el partido de Papandreu en el poder, cuya contrapartida será una cura de austeridad sin precedentes con el fin de economizar, a costa del pueblo griego, 4.800 millones de euros en marzo de 2010, y luego 30.000 millones más en mayo, de acuerdo a un nuevo plan, con el objetivo de pagar a los acreedores.
En el menú, la congelación de contratación y reducción de los salarios de los funcionarios (una fuerte rebaja en las pagas extras, disminución de las primas, a pesar de una anterior reducción de los salarios decidida en enero de 2010); congelación de las pensiones; aumento del IVA del 19 % al 23 % —a pesar de que se trata de un impuesto injusto que afecta en mayor medida a los más desfavorecidos—; aumento de los impuestos sobre el alcohol y el tabaco; reducción drástica de los gastos sociales, como el de la Seguridad Social, etc.. |7| Los derechos sociales se sacrifican en el altar de los intereses de la “élite tradicional local” y de los gastos militares, el presupuesto más importante de la UE, respecto a su PIB |8|. La población reaccionó con fuerza y organizó huelgas generales (los días 10 de febrero, 11 de marzo, 5 de mayo y 20 de mayo de 2010) que ya han paralizado el país muchas veces.
Los rumanos también salen a la calle
Junto a Bulgaria, Rumanía es uno de los países más pobres de la Unión. En marzo de 2009, Rumanía obtuvo un préstamo de cerca de 20.000 millones de euros. A cambio, Bucarest se comprometió a reducir su déficit público del 7,9 % del PIB en 2009 al 5,9 %, pero al considerar este objetivo no realista, se fija finalmente en el 6,8 % en 2010. En el menú, más de lo mismo: congelación de pensiones y de salarios con el mantenimiento del salario mensual mínimo de 600 lei bruto (145 euros), supresión de 100.000 puestos de funcionarios en 2010, o sea, el 7,5 % de los efectivos de la función pública. Allí también la población se moviliza contra las medidas de austeridad. El 19 de mayo, más de 60.000 manifestantes se reunieron ante la sede del gobierno en el momento en que éste reforzaba su programa de ajuste, al anunciar una reducción del 25 % en el salario de los funcionarios y del 15 % en los subsidios por desempleo y en las pensiones, cuyo mínimo ya es de 85 euros.
Además, el Gobierno prevé la reducción por decreto de los subsidios a la familia así como de las ayudas dadas a los discapacitados, a partir del 1 de junio de 2010. De nuevo es a costa de los más pobres que se quiere pagar la crisis.
Los islandeses rechazan pagar
Antes de la famosa nube de cenizas volcánicas que paralizó el cielo europeo durante varios días en 2010, Islandia ya había sido noticia de plena actualidad por una grave crisis en 2008. El desempleo había pasado del 2% en octubre de 2008 a 8,2 % en diciembre de 2009. El estado salvó de la quiebra a los tres principales bancos del país endeudándose enormemente y luego no pudo asegurar el reembolso a los tenedores británicos y holandeses de sus títulos. El pueblo islandés se vio exigido a pagar esa deuda mediante la ley Icesave, adoptada con nocturnidad y alevosía el último día del año 2009 y apoyada por el FMI, una deuda que había servido para reflotar a los banqueros culpables.
Después de una gran movilización popular, la ley fue rechazada por más del 73 % de la población en el referéndum de marzo de 2010.
Abrumados por la especulación sobre la deuda, antes incluso de que intervenga el FMI, los Estados toman la iniciativa y se prevén reformas antisociales en España, en Portugal, en Irlanda, en Italia… En todos lados estos tratamientos de austeridad estrujan los salarios y preservan al gran capital responsable de este callejón sin salida capitalista. En todos lados los pueblos se movilizan y la única esperanza está precisamente allí, en esa movilización. Es urgente para todos y todas los y las que quieren resistir eficazmente a la lógica capitalista trabajar por la unificación de estas luchas.
Recordar, la próxima reforma, en el estado español.
Texto extraido del periodico Diagonal
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