EL CORREO DE ANDALUCIA (M. JIMÉNEZ CARREIRA).- En las cárceles andaluzas perviven todavía condiciones de “semiesclavitud”, según denunció ayer la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Unos 2.000 reclusos –de 17.300– realizan actividades retributivas, cuyos salarios son muy inferiores a los del resto de trabajadores.
Un preso puede elegir libremente realizar un trabajo remunerado durante su reclutamiento, empleado por cuenta de la administración penitenciaria (en cocina, lavandería o mantenimiento) o por una empresa externa (que contrata servicios de en carpintería, confección industrial o artes gráficas). La forma de retribución más común es por horas.
APDHA alertó de que, “sistemáticamente”, se consigna a los trabajadores un número de horas muy inferior a las trabajadas. Según Valentín J. Aguilar, coordinador del Área de Cárceles, “un empleado de cocina puede trabajar todos los días desde las 7 de la mañana a las 8 de la tarde, descansando un solo día, y se le abonan sólo 30 horas semanales”.
La asociación denunció también que raramente se llega a alcanzar el salario mínimo interprofesional (624 euros). Por ejemplo, en talleres de confección las nóminas oscilan entre los 80 y 150 euros al mes. En la retribución por horas se abonan hasta 0,57 euros, incumpliéndose el mínimo (2,55 euros). Aguilar culpó a la Administración de no pagar el salario justo amparándose en la formación: “Sin embargo, en las escuelas-taller no ocurre eso”.
APDHA citó otros indicativos de “semiesclavitud”, como el hecho de no se disfruten vacaciones, no se abonen horas extraordinarias, e incluso se hayan llevado a cabo despidos improcedentes. Y “si los presos salen libres, el subsidio por desempleo habiendo trabajado es menor que el de excarcelación si no hubieran trabajado”, explicó Aguilar.
PAGAR POR COMER
APDHA también denunció que todavía hay prisiones en las que se cobran las comidas a presos que reciben prestaciones no contributivas (con minusvalías superiores al 65% o con 65 años y carentes de recursos). Esto a pesar de que la Junta haya cambiado este criterio después de que varios Juzgados de lo Social hayan emitido sentencias contrarias.
Los reclusos llegan a pagar hasta 6,10 euros diarios por comer, lo que, según Valentín J. Aguilar, “puede suponer hasta la mitad de su prestación”. El coordinador criticó que se incurre en el absurdo de “cobrar al preso más pobre y no al rico”.
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