En estos días, que son los de buenos augurios para el año que comienza, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario trazó una oscura (pero fundada) predicción sobre la situación de las cárceles: de aquí al final de la actual administración, 1.000 nuevos presos se sumarán a una población carcelaria que hoy ya se debate en el hacinamiento. Es un agravio a los derechos humanos y una vergüenza para las tradiciones del país. Pero es además una amenaza contra la seguridad pública porque con cárcel es así no se rehabilita a nadie y sí se propicia un muy indeseable posgrado criminal.
Las páginas de Ultimas Noticias, en su edición de ayer, se hicieron eco de un alarmante -y a la vez bien fundado- pronóstico: el sistema carcelario uruguayo, ya superado por el hacinamiento de reclusos, sumará mil nuevos internos de aquí al final de la presente administración. El número de huéspedes del sistema penitenciario uruguayo llegaría así a cerca de 9.000 personas, completando lo que ya son varios años en los que se establecen nuevas plusmarcas en la evolución histórica de esta variable.
Las estimaciones son el fruto del análisis realizado por el comisionado parlamentario del sistema carcelario, Álvaro Garcé, que a la vez manifestó su alarma ante las probables consecuencias del fenómeno. El funcionario señaló que el ritmo de aumento de los presos es de unos 750 al año, pese a la entrada en vigencia de disposiciones como la que faculta la reducción de la condena a través del trabajo o el estudio durante la condena. Si se proyectan los ritmos de aumento actuales a más largo plazo, Garcé observa que para 2015 se podría duplicar la población carcelaria.
Otros datos sobre una situación para la que no puede dilatarse la búsqueda de soluciones son que el 57% de los reclusos son reincidentes, que el 66% de los internados en las cárceles no han sido definitivamente condenados por la Justicia y que la relación entre el número de presos y la población total es alta en Uruguay (230 presos cada 100.000 habitantes) si se la compara con los guarismos que se registran en otros países, como por ejemplo España (150 presos cada 100.000 habitantes). Por otra parte, Garcé denunció la generalizada tendencia a que los reclusos sean jóvenes provenientes de hogares sin recursos y con bajo nivel de instrucción.
De lo expuesto por Garcé merece párrafo aparte una valoración que hace sobre la incidencia de la droga en el ambiente carcelario. Conviene en este caso citar palabras textuales: “En cárceles con elevada superpoblación, donde los internos están en ocio casi todo el día [la droga] es un factor de escape mental (...) si se cortara abruptamente el ciclo de consumo, el resultado podría ser explosivo”. Una apreciación reveladora, que debiera tenerse en cuenta en cualquier programa de mejoramiento del sistema.
Una coyuntura como la anotada enfrenta a la sociedad a algunas decisiones difíciles. Cualquier uruguayo sabe de las carencias que el país padece en muchos otros territorios. Y en consecuencia no ve con buenos ojos la posibilidad de que importantes fondos públicos se dediquen a la edificación de cárceles o al mejoramiento del sistema carcelario. Lo mismo ocurre con los gobernantes, mucho más deseosos de cortar cintas en puentes o escuelas que en la puerta de un celdario.
Hoy, sin embargo, la situación carcelaria parece haber atravesado todos los límites imaginables, y es imperioso advertirlo. Porque la primera víctima de esta situación es la seguridad pública, que tanto preocupa hoy a los uruguayos. Con estos niveles de hacinamiento, con los reclusos sumidos en el ocio y en el consumo de drogas -según el sorprendente reconocimiento del comisionado- las cárceles son un agravio para los derechos humanos de los reclusos, pero también una escuela del crimen y una fuente de degradación de los internos que en nada contribuye a su reintegro a la sociedad como hombres honrados, sino todo lo contrario. Los testimonios recogidos ayer por Ultimas Noticias muestran a las cárceles como inductoras de las peores adicciones, fuente de un odio irreconciliable contra la sociedad, ámbito de perfeccionamiento de habilidades criminales y de establecimiento de lazos funcionales entre los delincuentes. Un claro fracaso del sistema, que queda al desnudo ante la importancia de la reincidencia: 57%.
Muy por el contrario, las cárceles debieran ser el escenario de una segunda oportunidad para quienes se apartaron de la legalidad. La ocasión de aprender un oficio, de completar tardíamente estudios elementales, de adquirir hábitos de trabajo. La sociedad que no lo comprende termina pagándolo caro, con las consecuencias de la reiterada acción criminal de quienes egresan de la cárcel aún menos dispuestos para una vida honrada que cuando la Justicia los colocó entre rejas. Y hasta portadores de adicciones que luego condicionarán incluso a quienes puedan tener la intención de alejarse del crimen.
La única solución a este problema es la habilitación de nuevos edificios para el albergue de reclusos. A través de la readaptación de inmuebles que ya son propiedad del Estado, o la edificación de nuevas cárceles. A través de penas alternativas a las de prisión, o por la reducción de las penas o la concesión de generosas libertades podría resolverse parte del hacinamiento. Pero lo que se agravará -y es inadmisible- es la ya difícil situación que se vive en materia de seguridad pública. Es claro que ya no queda más remedio que invertir en el sistema carcelario, apuntando de verdad a convertirlo en una herramienta de rehabilitación, y no de degradación, del recluso.
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